Introduccion e historia de mis blogs.

viernes, 29 de marzo de 2019

543-La Fisica Cuantica vs la Mecánica Cuantica de los metafísicos matemáticos esotericos.

El problema de la medida experimental de la duración del efecto túnel es saber cuándo se puede afirmar que la partícula ha atravesado la barrera de potencial. Como la posición de la partícula es un observable cuántico, su medida requiere repetir el experimento muchas veces y obtener una estimación estadística.
Supongo que ya sabes que en física clásica una partícula no puede atravesar una barrera de potencial cuya energía sea mayor que la de la propia partícula. Sin embargo, en física cuántica hay una probabilidad distinta de cero (que suele ser muy pequeña) de que dicha partícula logre atravesar la barrera. La razón es que la función de onda que describe su posición (en mecánica cuántica no relativista) tiene un valor distinto de cero en todos los puntos del espacio, incluyendo ambos lados de la barrera.
Aquí es donde entra en juego la aproximación semiclásica que se use para describir la partícula. Se suele usar una aproximación monocromática para el paquete de ondas que describe la partícula (la llamada aproximación de Wigner–Smith), pero hay otras posibilidades.
La forma de la función de onda para la partícula incidente (partícula libre) cambia tras atravesar la barrera (partícula transmitida). No siendo idéntica a la de una partícula libre, hay que tomar un criterio que permita decidir cuándo la partícula transmitida ya se encuentra al otro lado de la barrera de potencial y dónde se encuentra, para estimar la duración. Y este criterio es determinante en el resultado del experimento. Como no hay consenso, los resultados de experimentos muy similares suelen ser contradictorios entre sí. En última instancia todo nos lleva a la dualidad onda-partícula y al problema de la medida (la proyección del estado que se suele llamar colapso de la función de onda).
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El asunto es parecido al de otros que e propuesto soluciones aquí, se mezclan dos o mas...



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https://www.meneame.net/story/gato-vivo-muerto-schrodinger-amigo-alegre-triste-wigner-cunados


domingo, 24 de marzo de 2019

542-Ejemplos para debatir en cada articulo de la Constitución de 1940.


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¿Su nombre? Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa), el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las aduanas y los puertos, entre muchos otros.
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Art. 276- Serán nulas y carecerán de efecto las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulan el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzcan ese resultado. La Ley cuidará especialmente de que no sean monopolizadas en interés particular las actividades comerciales en los centros de trabajos agrícolas e industriales.


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Cuba tiene los impuestos más altos de América Latina: "Nos salen muy caros los productos de baja calidad de la libreta"
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Ver artículos relacionados con los impuestos en la C-40:
Art 278 Tampoco se establecerá impuesto de consumo sobre los productos de la industria nacional, si no pueden grabarse de igual forma los mismos productos, sus similares o sustitutos importados del extranjero.

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Por qué las pensiones de viudedad están en el punto de mira de los políticos (y cómo las cambiarán).
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Ver artículos relacionados con los retiros en la C-40:

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El proyecto de nueva Constitución reforzaría de aprobarse las garantías ciudadanas para el debido proceso en Cuba con incorporaciones como el Habeas Corpus, señaló hoy el secretario del Consejo de […]
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Aunque el proyecto de canal no prosperó y la Ley-Decreto 1618 no pudo ejecutarse, dejó un buen ejemplo de uso de democracia participativa y nadie fue reprimido por aquel gobierno golpista por oponerse a los designios gubernamentales. Todo lo contrario a cuantos intentos ha hecho la sociedad independiente actual por cambiar la ley desde la ley misma recibiendo tenaz represión incluido encarcelamiento.
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https://havanatimesenespanol.org/diarios/osmelramirez/la-agricultura-cubana-sigue-condenada-al-estancamiento
Aunque se han entregado en usufructo casi 2 millones de hectáreas en los últimos 11 años, se realizaron ingentes inversiones hidráulicas y los millonarios gastos de recursos en el sector durante la década raulista, el país sigue dependiendo de la importación de productos que se pueden producir en nuestras fértiles tierras.
Aunque el sector privado produce el 80% del total, ese alto porcentaje solo representa en valores el 20% de lo que se consume, (incluyendo el turismo que es un mercado atractivo para el desarrollo agrícola que no se explota al máximo debido a los mismos problemas). El país importaba 1500 millones de dólares en alimentos cuando comenzó la reforma raulista en 2008 y ya en 2014 y hasta el año 2017, en vez de disminuir se había incrementado a los 2 mil millones. Actualmente puede haber disminuido por falta de liquidez, lo que evidencia la crisis de desabastecimiento.
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Constitución de 1940:
Sección cuarta. De la Economía Nacional
Art. 271- El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa. Será función del Estado fomentar la agricultura e industria pública y beneficio colectivo.
Art. 273- El incremento del valor de las tierras y de la propiedad inmueble, que se produzcan sin esfuerzo del trabajo o del capital privado y únicamente por causa de la acción del Estado, la Provincia o el Municipio, cederá en beneficio de éstos la parte proporcional que determine la Ley.
Art. 274- Serán nulas la estipulación de los contratos de arrendamiento, colonato o aparcería de fincas rústicas que impongan la renuncia de derechos reconocidos en la Constitución o en la Ley, y también cualesquiera otros pactos que ésta o los Tribunales declaren abusivos.

Al regular dichos contratos se establecerán las normas adecuadas para tutelar las rentas, que serán flexibles, con máximo y mínimo según el destino, productividad, ubicación y demás circunstancias del bien arrendado; para fijar el mínimo de duración de los propios contratos según dichos elementos, y para garantizar al arrendatario, colono o aparcero una compensación razonable por el valor de las mejoras y bienhechurías que entreguen en buen estado y que hayan realizado a sus expensas con el consentimiento expreso o tácito del dueño, o por haberlas requerido la explotación del inmueble dado su destino.

El arrendatario no tendrá derecho a dicha compensación si el contrato termina anticipadamente por su culpa, ni tampoco cuando rehúse la prórroga que se le ofrezca bajo las mismas condiciones vigentes al ocurrir el vencimiento del contrato.

También regulará la Ley los contratos de refacción agrícola y de molienda de caña, así como la entrega de otros frutos por quien los produzca, otorgando al agricultor la debida protección.

Art. 275- La Ley regulará la siembra y molienda de caña por administración, reduciéndolas al límite mínimo impuesto por la necesidad económico social de mantener la industria azucarera sobre la base de la división de los dos grandes factores que concurren a su desarrollo: industriales o productores de azúcar y agricultores o colonos, productores de caña.

Art. 276- Serán nulas y carecerán de efecto las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulan el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzcan ese resultado. La Ley cuidará especialmente de que no sean monopolizadas en interés particular las actividades comerciales en los centros de trabajos agrícolas e industriales.

Art. 278- No se grabará con impuestos de consumos la materia prima nacional que, sea o no producto del agro, se destine a la manufactura o exportación.



martes, 26 de febrero de 2019

540-Rosa Maria Paya, Eliecer Ávila y Jose Daniel Ferrer no son patriotas; sino reformadores del castrismo o lo que es lo mismo: neocastristas.

Ver tambien:
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http://humbertomondejargonzalez.blogspot.com/2018/12/533-las-principales-particularidades-de.html
533-Las principales particularidades de los reformadores del castrismo o la Oposición Rosa que tiene la misión de salvar el castrismo y dividir el exilio.
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https://www.facebook.com/patriaandlibertad/videos/338841146973896/
111-Como un patriota puede identificar un neocastrista, antes que lo apuñale por la espalda.
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https://www.facebook.com/patriaandlibertad/videos/792014861159424/UzpfSTEwMDAwMTM2Nzk3NTg4MToyMDU4NDM0NTk0MjEyMTIw/
Versión en video en Facebook:
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https://www.facebook.com/patriaandlibertad/videos/325044211475215/UzpfSTEwMDAwMTM2Nzk3NTg4MToyMDU5NzQ4MDgwNzQ3NDM4/
Los neocatristas que mandaron al pueblo cubano como un puerco al matadero castrista deberían pedirle disculpa.
Millones de dolares del contribuyentes americano para hacer felices a lo catros.
Cuando un domino esta cerrado hay que darle agua para que todos puedan volver a jugar.
http://humbertomondejargonzalez.blogspot.com/2018/12/524-la-hoja-de-ruta-para-la-libertad.html
524-La hoja de ruta de los 6 pasos inviolables para que la libertad sea real y para siempre.
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Los supuestos opositores por 60 años han sido generadores de presos políticos; porque la USAID solo le da dinero al caudillo y sponsor en USA que tenga presos.
https://www.usaid.gov/cuba
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Caudillos cubanos, cambien su paradigma de lucha anticastrista:
Hagan proyecto donde los cubanos le ganemos a los castros, proyectos que no generen mas presos políticos como en estos 60 años atrás, sino que los mantengan libres en las calles como los que apoyan la C-40.
Dejen la cantaleta de los Derechos Humanos que eso es un fracaso como arma política como se ve en la práctica, maduren políticamente de una vez; defiendan su C-40 que tambien es madre de la Carta de los derechos Humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=7UG3xuKSBu4&t=147s
Raúl Castro a los bobamas: No se debe politizar el tema de los derechos humanos.
Un buen líder es el que conduce a los que lo apoyan a acciones rápidas, precisas, seguras,... no manda sus soldados como puercos al matadero castrista.
Pienselo todo muy bien, calculelo todo friamente, tomence su tiempos; pero hagan felices a los cubanos al menos una vez, no a los castros y sino puede hacerte así, no hagan nada,..
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También dejemos los temas puntuales, intrascendentes, de menor importancia para cuando tengamos una Cuba Libre; hablemos ahora de tácticas y estrategias contra los castros.
Por ejemplo:
Para cuando los cubanos que viven en Canada y España van a protestar frente las oficinas de los empresarios HP que se han enriquecido explotan cubano y contribuyen al bloqueo interno, provocan el éxodo, los abusos, la represión los encarcelamientos, las torturas, los asesinatos directos he indirectos de la familia castro?

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Y Voto No.
Rosa M Paya, Eliecer Ávila y Ferrer después de ver el resultado del referendo.
https://tenor.com/view/head-in-the-sand-gif-12598847
Raulito; engáñame engáñame,.... que a mi me gusta que me engañen.

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En Cuba hay 1 766 708 de patriotas esperando por sus líderes naturales, no por los fabricados; y ninguno de ellos votó No.
El censo electoral registra 9 298 277 ciudadanos con derecho a voto, de una población de 11 200 000 habitantes que son reconocidos por el castrismo como cubanos.
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Los resultados del escrutinio arrojaron los siguientes datos:

1-Ejercieron el voto: 7 848 343 (84,4%)

2-Dejaron en blanco la boleta: 198 674 (2.1%)

3-Anularon la boleta: 127 100 (1.3%)

4-Marcaron No en la boleta: 706 400 (7.6%)

5-Marcaron Sí en la boleta: 6 816 169 (73.30%)
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El saldo político mas importante fue el rechaso inesperado que tuvo la Mega Operación Democracia Castrista (Si+No); cuando se suma los que no fueron a votar, los votos en blanco y lo votos anulados. Estos dos últimos la mayoría deben ser de miembros del PCC, la FAR,  UJC, CTC, ANAC, FEU, FEEM,...

1-No fueron a Votar: 1 440 934 (15.5%)

2-Dejaron en blanco la boleta: 198 674 (2.1%)

3-Anularon la boleta: 127 100 (1.3%)

Suma total de rechazo a la "constitución" de Fidel mas a la "constitucion" de Raul (al Sí+No): 1 766 708 (19%)
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Como colofón agregar que las dos "constituciones" según se infiere de su espíritu y su letra, no son mas una especie de reglamento disciplinario o leyes complementarias del PCC o sus estatutos, pero para ser cumplidas en la práctica solo por el pueblo.
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Raul Castro celebrando la victoria y el triunfo de la democracia castrista.
https://www.facebook.com/cubanoporelmundo/videos/289281781972910/UzpfSTEwMDAyODUyODUxMjg5ODpWSzo4MzI4OTI3ODcwNjAwMTk/
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Conclusión:
En dictaduras los patriotas no votan si no hay garantías internacionales y si además ha participado bajo un debido proceso en lo que se va ha votar.
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Agentes gallo tapados del G-2, diganle a su "represor" que la mega operación Democracia Castrista (Si+No) ha fracasado y han quedado al descubierto.
https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/805036903217032/
https://www.facebook.com/justiciapazylibertad/videos/2194646787465878/

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Ver mas abajo:
"....los votos en blanco y los votos anulados. Estos dos últimos la mayoría deben ser de miembros del PCC, la FAR,  UJC, CTC, ANAC, FEU, FEEM,..."
Je, je, original respuesta a los yo voto No de un cubano patriota que no quiere castrismo en  la  versión del '76, ni en la versión del 2019. 

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Los patriotas cubanos no somos ninatos gringos, esta campaña por el No, no fue una estrategia contra los castros; fue complicidad y uso del dinero del contribuyente por Rosa M. Paya y otros para hacer felices a los castros, legitimar su mega operación Sí+No. 
https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/805502959837093/

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https://www.facebook.com/groups/595739117442055/permalink/833290390353592/
Este es parte del doble jueguito de Rosa Maria Paya que muchos se tapan los ojos para no ver:
Jóvenes adoctrinados por CubaDeside escriben en una publicación posteada por Liu Santiesteban que su legítima Constitución es la de Raul.
https://www.facebook.com/groups/595739117442055/permalink/832988543717110/

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Raul Castro: Ya tengo los resultado, solo necesito los votos.
Con su dinero hagas lo que quieran, empoderen lo que quiera. 
Pero estamos instruyendo a las autoridades americanas para que investiguen si hubo dinero publico implicado en el Si+No del castrismo.
Y si ahora la filial fantasma de Eliecer Avila Cicilia con la cobertura de los oficiales del G-2 que opera en la embajada Ecuador desde los gobiernos de Correa; llamada Cuba Primero  estan intentando de forma enmascarada acceder a dinero público (Grand) para transferirlo a Cuba.
Es decir, robar de forma legal el dinero de nuestros taxis para  dárselo a los castros, bajo diferentes pretextos; cosa que "casualmente" coincide a pie juntilla con el  libreto que ya venía repitiendo Eliecer Avila desde que arribó a USA y dio su primera gira de recaudación de dinero (que después usó en páginas Web para hacerse propaganda y no contra los castros como aparentaba), como que los exiliados reunamos dinero, se lo demos a Somos+ para arreglar las carretera y demas cosas que los castros han destruido y así empoderar al cubano.
Por que Eliecer Avila usa a Morell, a Maruchy, a Rey Michel, a Yurisbel Montesino, a Gustavo Vigoa, a Iliana Hernandez,... y no pone el de forma pública su cara al frente de la estrategia de acceder a Grand que desarrolla Cuba Primero?
El lider de Cuba Primero (la cual apoyan públicamente o pertenecen por detras del telon; Eliecer Avila usa a Morell, a Maruchy, a Rey Michel, a Yurisbel Montesino, a Gustavo Vigoa, a Iliana Hernandez,...) es un perro comunista.

Porque Eliecer Avila llego aquí diciendo lo mismo que los castros sobre los mercenarios, sin usar esa palabra y de paso humillando al resto; al decir que su intensa y cara actividad política se a financiado solo con Crowdfunding.
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Pero mira Eliecer, realmente los caudillos cubanos de estos últimos 60 años que han usado el "dinero mercenario" porque se creyeron que con su proyecto particular y estrecho podían solucionar el caso cubano; pues lo que estaban derrochando en estrategias fracasadas era una ínfima parte del dinero que aporta la comunidad cubana anticastrista al presupuesto federal.
Los que han "hecho política" con dinero mal habido, inmoral, robado; ha sido la familia castro, porque los miles de millones gastados no salió de su sudor, porque a ninguno de ellos se le conocido ni un trabajo en toda su vida.
Ves la diferencia hora ninato?
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Pero veamos qué hay de sospechoso detrás del Crowdfunding y la nueva estrategia de los castros de crear un líder, un partido, potenciarlo y usando la democracia que tanto odian llevarlo al poder.
Por ejemplo, Pablo Iglesia y  Podemos fueron diseñados en Miraflores por el G-2 cubano y se financió dentro  de España con Crowdfunding.
http://humbertomondejargonzalez.blogspot.com/2014/11/120-podemos-o-no-podemos.html
120-!Podemos o no podemos¿ Pablo Iglesias y su monedero.
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Esto sucede asi, preparas al líder que vas a fabricar con tu agenda, lo rodeas de cover encubierto que el mismo no sabe que lo son, le das dinero, cada uno de ellos te hace donaciones (Crowdfunding) constantemente dentro de las leyes de ese país que quieres confundir, controlar,... mientras todos divulgan que el líder fabricado es el mesía que todos estaban esperando,... esto atrae curioso e incautos que por psicología de rebaño acaban haciendo lo mismo.
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Es decir, la fórmula para financiar Somos+ no es nueva, ya se aplicó en España y es el resultado del cambio de estrategia  del G-2 tras los escándalos de los maletines con petrodolares.
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Rosarino/Caso_Antonini_Wilson
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http://humbertomondejargonzalez.blogspot.com/2015/10/253-proyectos-y-ejecuciones-de.html
253-Proyectos y ejecuciones de injerencias políticas y armadas en otros paises que niegan, condenan hipocritamente o justifica la familia castro.

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Fred Gonzales (minuto 57) diciendo que en 1997 se instauró en Cuba por la familia castro un sistema capitalista, financiero,...
Caramba,... y donde estábamos el resto de lo cubanos que no enteramos de eso, ni lo disfrutamos?
Y después el y Eliecer continúan con su cantaleta de siempre de salvar a la familia castro con una dictadura política, pero con algunas libertades económicas, como China, Singapur si ellos llegaran al poder con o sin los caros.
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Estas son las misiones sospechosas de los neocatrita para vender la democracia castrista como un problema puntual económico y no como un problema político.
Como hemos repetido, estas personas en el fondo no luchan como los patriotas por un cambio político sin los castros.
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El encuentro, que se celebra bajo el lema "Unidad de acción en la diversidad", ha llevado a San Juan a disidentes como Guillermo Fariñas, Eliécer Ávila, Fernando Palacios, Rosa María Payá, Orlando Luis Pardo Lazo, Laritza Diversent, Elizardo Sánchez Santacruz, Saylí Navarro, Asunción Carrillo, Lía Villares, el padre José Conrado y el pastor bautista Mario Félix Lleonart, entre otros.
El coordinador del encuentro Guillermo Toledo  indicó que el hecho de que el encuentro se celebre en San Juan responde a los lazos históricos entre Puerto Rico y Cuba, además de que en la isla caribeña se da un ambiente más distendido que el que se vive en Miami para abordar estos temas.
Es decir, la misma tesis del neocastrista Oswaldo Paya, los presidentes Carter y Obama de que el exilio no existe, nunca existió, es un invento, una creación de la propaganda anticastrista:
447-Porque fracaso el castrocare de Bobama.

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Este es el saldo positivo que nos deja el Referendo a lo patriotas y a los cubanos de dentro de Cuba que no estaban bien informados por nosotros sobre la Mega Operación Democracia Castrista (Si+No).  
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1-El pueblo de Cuba debe saber que Rosa Maria Paya no es una patriota; y por eso fue la ideóloga y  financista principal del No. 
Ella y su lugarteniente Liú Santiesteban tiene confundido al gobierno de EEUU y por eso, por ahora, es donde pasan las opiniones y los fondos para organizar el neocrastrismo fuera y dentro de Cuba.
https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/810032489384140/
Pero como Cuba Decide no la sigue casi nadie dentro de Cuba y EEUU; pues ellas se han unido a Ferrer, su lugarteniente Amet, así como a Eliecer Avila y su lugarteniente Eduardo Morel. 
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En ese triunvirato neo castrista:
1-Eliecer es algo así como el generador de Recurso Humanos jóvenes en el exilio; dado que Cuba Decide no tiene muchos seguidores.  
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3-Ferrer es algo así como un generador de Recursos Humanos, pero en su caso dentro de Cuba. Mi idea es que Ferrer no tiene otra manera que hacer lo que diga La Paya para mantener la UNPACO, dada la complejidad financiera que es hacer oposición dentro de la dictadura de la Familia Castro. 

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Referendo del 24 de Febrero del 2019:
En esta ocasión se manifestó una cualidad nueva; que fue uso de millones de dólares por los neo castrista o reformadores del castrismo (los que no quieren volver a restaurar la C-40) en propaganda por internet, así de sus seguidores y personas que han confundidos dentro de Cuba.
Su estrategia alocada estrategia política consistia en votar por la constitucion de Fidel de 1976, tergiversando esa realidad política con distintos argumentos demagogos y para a partir de ahí buscar un plan B, para que la Familia Castros le concediera un plebiscito o algo que los incluyera en la política doméstica.
En asunto fue que como no tenían un plan A real; ahora no pueden desplegar un plan B y andan llorando por la internet diciendo lo que todos los patriotas ya sabemos: Que los castros no hacen, ni harán nunca elecciones donde puedan ganar otro.
https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/813044965749559/
https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/810032489384140/
https://www.facebook.com/humberto.mondejar/videos/2038813339507579/
Agentes gallos tapados del G-2, diganle a su "represor" que la operación Democracia Castrista (Si+No) ha fracasado y han quedado al descubierto.

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https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-09-u172318-e199291-s27068-ojala-osvaldo-vento-antonio-becali-no-sea-mero-peon-peon
Ojalá Osvaldo Vento por Antonio Becali no sea un mero peón por peón en el INDER.
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Los neoastrista siguen con su Fe en que el problem no es el castrismo sino algún que otro funcionario castrista poco capacitado.

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Esperen resultados proporcionalmente parecidos después que los castros tengan la asistencia a las urnas:
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El último referendo que se realizó en Cuba ocurrió el 15 de febrero de 1976. 
En aquella ocasión el censo electoral registraba 5.717.266 ciudadanos con derecho a voto. 
Los resultados del escrutinio arrojaron los siguientes datos:
1-Ejercieron el voto: 5.602.973 (un 98% del listado de electores).
2-Dejaron en blanco la boleta: 44.221 (el 0,8% de los que ejercieron el voto)
3-Anularon la boleta: 31.148 (el 0,5% de los que ejercieron el voto).
4-Marcaron No en la boleta: 54.070 (el 1% de los votos válidos).
5-Marcaron Sí en la boleta: 5.473.534 un 97,7% de los votos válidos.
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Sumando las abstenciones, las boletas en blanco, las anulaciones y los votos negativos, 243.732 ciudadanos, es decir, poco más del 4%, no manifestaron su aprobación a aquella Constitución. Sin dudas, un triunfo aplastante para el oficialismo.

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https://www.facebook.com/groups/702375473483176/permalink/813044965749559/

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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644538412647935&set=pcb.644538535981256&type=3&theater
Ahora sale un vocero del régimen castrista diciendo que los 706,400 Cubanos qué votaron por el no fueron en su mayoría miembros de la comunidad Gay en desacuerdo por la no inclusión del matrimonio igualitario cómo les habían prometido, qué la Robo-lución nunca reprimió ni arresto a los qué ejercieron su sufragio en contra de la nueva constitucion.
Le roncan los cajones a ésta dictadura....
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Bueno, no entiendo la sorpresa, eso yo lo dije en la Escuelita; que el No tambien incluiría a mucha personas y que no era solo proveniente de lo neocastristas.
Por eso tambien dije que la oposición debía limitarse solo a tres opciones que rechazaban la constitución del 1976 y la constitución del 2019.
Pero además, aprovechar la oportunidad y votar C-40 para que el pueblo conociera su verdadera constitucion.
La mayoría de lo que se llaman líderes dijeron que el pueblo de Cuba no estaba preparado para eso y sin embargo lo resultado estadístico demostraron que el único que tenia razón era yo: 19% del padrón electoral rechazó a Fidel (el NO) ya Raul (el Si).
Es decir, que si tenemos pueblo, pero los que se llaman líderes no lo son porque no estan a la cabeza, a la vanguardia de lo que desea dentro de su corazón ese pueblo. 

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https://www.facebook.com/yurisbel.montesino/videos/254075515527204/UzpfSTEwMDAyNzc0MjcxODQ1MDo4MDk3NzA4NDkzNzIyMTM/
Dice que el sabía que el régimen es corrupto, que sabían lo que iba a suceder y no le pide perdón al pueblo por engañarlo a sabienda y ser cómplice de esa corrupción.
Hipócritas y cara de palo que son estas ratas neocastristas.
Necesitas madurar políticamente, porque es demagogia confundir y mezclar patriotas con neocatritra.
Entiéndelo, no; NO somos como ustedes!
Estudia un poco la historia de Cuba y entenderás que siempre hubo ratas como ustedes y patriotas que queremo la libertad plena de Cuba.

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https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-02-u1-e20037-s27061-washington-post-cree-cubanos-estan-perdiendo-paciencia-miedo
Bueno, el Washington Post un medio financiado por gringo HP millonario y comunistoide que quieren convertir a Cuba en la nueva China comunista; por lo que no creo que no sepan a estas alturas que Oswaldo Paya fue un líder sobredimensionado por la izquierda europea y los empresario HP española que se han hecho millonarios desde 1989 explotando cubanos en contubernio con lo castro.
Eso que con su miedo a  que cuando lo cubano restauraremos  el orden constitucional, por la vía legal le quitemos todo para resarcir la gran víctima en toda pesadilla de complicidades con lo catro:
El pueblo de Cuba.
Esos que ahora tambien estan financiando a lo neocatrita que hicieron propaganda por la "constitucion" de Fidel (el No); para confundirnos, dividimos y prologar su esclavitud moderna en Cuba.
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OK, para lo que esta programada ha confundido; Paya:
1-No apoyaba, ni reconocía el exilio.
2-Estaba en contra del embargo que ha permitido las pequeña libertades que le hemos arrancado a lo castro y que no regresemos a eso primero 30 ano de castrismo donde todos tenían que trabajar en empresas de la familia castro o de su amigo extranjero.
3-Traicionó mínimo (no se sabe al día de hoy cuanto) 14 000 cubano opositores que salieron del anonimato dandole nuestro nombre, dirección, número de carné a lo castristas y que no quedamo esperando conocernos entre nosotros hasta el dia de hoy.
4-El MCL deberia pedir disculpa por eso a lo que firmamo el Proyecto Varela.
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El saldo positivo esta en que hoy sabemo que lo reformadores del catrimo o neocastras no son patriotas y mucho han ido creado como lideres por el G-2 para ocultarlo el camino de una Cuba libre.

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http://www.elblogdemontaner.com/democracia-liberal-y-libre-albedrio/#more-12284
Las democracias “iliberales”,  no parecen ser una etapa transicional de democracia. Fareed Zakaria ha señalado que “pocas democracias “iliberales”,  han madurado en democracias liberales; y frecuentemente se mueven hacia un “iliberalismo”  intensificado”. Muchos países están optando por gobiernos que mezclan factores electorales de la democracia con “iliberalismo”.   Las democracias liberales occidentales no son su modelo. Gobiernos “iliberales”,   democráticamente electos, presumen tener el mandato para actuar como consideren necesario, siempre y cuando realicen elecciones regularmente.
El liberalismo constitucional puede llevar al gobierno democrático, pero la democracia electoral no necesariamente lleva al liberalismo constitucional.  La democracia liberal ve al individuo como agente autónomo tomando constantemente decisiones basadas en sentimientos. Pero movimientos “iliberales”   pueden apropiarse de nuestros sentimientos. Quizás esto explica el ascenso de democracias “iliberales”. Anaïs Nin lo escribe así: “No vemos las cosas como son; las vemos como somos”. 

sábado, 19 de enero de 2019

538-Desde 1959 los castros usan a sus agentes de G-2 "humorísticos" para detectar y destruir a los patriotas.



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Pablo Antonio Lorences Velazco yo no creo en bromas de que salió del closet y no salió; para hacerle propaganda a las constituciones de la  Familia Castro; porque si una cosa veo en EEUU y demas paises libres es que con las desgracias de un pueblo no se hacen bromas, son cosas muy serias para jugar con ellas.
Los castros desde 1959 han usado a  los agentes del G-2 como personas que bromean con la realidad y las desgracias que ellos nos han creado para que creemos que no es un cosa seria lo que pasa en Cuba, restarle la importancia que en realidad tiene.
Por eso en Cuba desde 1959 hay tanto dinero para programas humorísticos. Estos 60 años de humor han demostrado que reirte de tus desgracias solo te entumece el cerebro para que las aceptes como algo normal; pero si estudias los 20 paises mas libres y desarrollados veras que es todo lo contrario, eso no es algo normal que le ocurra  a un pueblo como el cubano.
Compatriotas que me escuchan,  si quieres solucionar el caso cubano debes ponerte muy serio con los castros y los que hacen humor con tus desgracias y las de tu familia.
Yo no juego con esto; esto es bien, bien serio; no es broma como nos quieren hacer ver los agentes humoristas del G-2 castristas!

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El fallecido actor cubano Carlos Moctezuma, conocido como "Ñico Rutina'', infiltró los grupos de oposición anticastrista en Cuba como agente de la Seguridad del Estado desde los primeros años del triunfo revolucionario, según relata un libro publicado en Miami.
El fallecido actor cubano Carlos Moctezuma, conocido como "Ñico Rutina'', infiltró los grupos de oposición anticastrista en Cuba como agente de la Seguridad del Estado desde los primeros años del triunfo revolucionario, según relata un libro publicado en Miami.

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San Nicolas del Peladero.

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Obama visitó a Pánfilo en Cuba.

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"Un escándalo real es la cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live. No son más que una cobertura injusta de las noticias y anuncios demócratas. Debería ser probado en los tribunales, ¡no puede ser legal! ¡Solo difaman y minimizan! ¿Confabulación?", afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

miércoles, 16 de enero de 2019

537-El Escambray, la segunda Guerra Civil Cubana que ocultó la Familia Castro. Hagamos que todo los cubanos adoren la C-40 y eviten la tercera.

https://www.tapatalk.com/groups/lapuntilla/escambray-la-guerra-olvidada-t11690-s20.html
Escambray: La Guerra Olvidada.

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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218715594542409&set=pcb.10218715609262777&type=3&theater
Al morir Plinio Prieto, fue Evelio Duque Mijares el hombre designado por los americanos para unificar al Escambray. Su contacto con los Estados Unidos era Augusto, nombre de guerra que utilizaba Ramón Ruiz Sánchez, un dirigente de Rescate Revolucionario, el grupo dirigido por el Dr. Manuel Antonio de Varona. Augusto que era cuñado de Varona residía en el Reparto Siboney, en La Habana, donde tenía una planta de radio transmisora para comunicarse directamente con la CIA en los Estados Unidos. Rescate Revolucionario, el MRR y el DRE eran parte del Frente Revolucionario Democrático, el grupo sombrilla bajo el que se aglutinaban una docena de movimientos amparados por la CIA.
El trabajo organizativo de Duque logró vertebrar a 7 columnas guerrilleras, contando de treinta a sesenta hombres cada una. La primera columna era la Comandancia y el Estado Mayor del frente guerrillero, dirigidos por Evelio Duque y Edel Montiel, con Joaquín Membibre en el cargo de Inspector General. El jefe de la Columna Dos, era Diosdado Mesa, con Vicente Méndez de lugarteniente. La tercera unidad estaba a cargo de Zacarías López, con Juan Felipe Castro de segundo jefe. La Columna Cuatro estaba bajo el mando de Ismael Látigo Negro Heredia, con Víctor Chiche Gámez de lugarteniente. La quinta, era dirigida por Ismael Rojas y su asistente, el teniente Nazco. La sexta unidad estaba capitaneada por Edgar Cajigas y Emiliano Cárdenas, y la séptima por Carlos Duque y el Teniente Yeras. Además de estas siete columnas habían varias guerrillas individuales, como la de Nando Lima, que funcionaban bajo órdenes del Estado Mayor, pero con cierta autonomía.
En una reunión en el Manacal, entre Evelio Duque y Osvaldo Ramírez, se creó la Columna Ocho, la que sería dirigida por Osvaldo Ramírez. Esta columna tenía una autonomía considerable, ya que controlaba a varias unidades de combate con más de un centenar de operativos en total. A Osvaldo Ramírez se le otorgó más libertad estratégica, que a los jefes de las otras siete columnas. Aunque existía fricción entre Duque y Osvaldo Ramírez, la única manera de lograr unidad era permitiéndole a Ramírez operar militarmente, con la mayor independencia posible. Aunque la guerra apenas comenzaba a despuntar, ya Osvaldo Ramírez era considerado el guerrillero más audaz del Escambray.
Mientras otros jefes guerrilleros habían estado a la expectativa bajo órdenes de no presentar combate, Osvaldo Ramírez había organizado a sus escuadras guerrilleras en unidades de combate, atacando y hostigando al enemigo en toda oportunidad. Sin esperar armamentos, con recursos inexistentes, en breves semanas Ramírez se convirtió en el guerrillero más conocido de los montes de Las Villas. Duque no tenía grandes simpatías por Osvaldo Ramírez, pero ambos hicieron la paz en nombre de la unidad.
Osvaldo Ramírez era un guajiro fibroso, tostado por el sol de la Sierra. Nació el día 6 de julio de 1921 en Guayos, cerca de Sancti Spíritus, provincia de Las Villas. Trabajó como chofer de camiones para los centrales azucareros y más tarde fue chofer de alquiler. En 1958 se alzó en el Escambray contra Batista.
Después del triunfo de la Revolución, Ramírez fue ascendido a capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, asignado a un cargo de supervisión, en la provincia de Matanzas. En el verano de 1960, se alzó nuevamente en el Escambray después del combate en el Sitio de Juana.
Al poco tiempo de alzarse, Ramírez fue capturado por una unidad militar. Cuando era trasladado para someterlo a un interrogatorio, este arriesgado jefe guerrillero se lanzó por un barranco, ante los sorprendidos ojos de sus captores. El salto al vacío hacia un precipicio alto, era una acción suicida, una búsqueda a una muerte certera. Pero el guerrillero de Guayos tuvo suerte. La tupida maleza y las ramas de los árboles frenaron su caída vertiginosa. Magullado, con el cuerpo cubierto de heridas, Osvaldo Ramírez huyó por la maleza, mientras una escuadra de soldados, atónitos ante su valor suicida, lo contemplaban huir desde lo alto del barranco. Esa audacia era el sello de Osvaldo Ramírez. Desde el principio de la lucha guerrillera. Evelio Duque era el dirigente organizador, pero Ramírez fue siempre el guerrero del monte, nacido para el combate.
El primero de enero de 1961, comenzaron las operaciones de la limpia. Hubo combates en Arroyo Malo, Jorobada, Cuatro ametrallado en la carretera de Manicaragua y el día 12 hubo en San Ambrosio, uno de los grupos guerrilleros bajo el mando de Osvaldo Ramírez tendió una emboscada. Una patrulla de dieciocho milicianos, sedientos tras una larga marcha, cayeron en la trampa Atrapados en un cruce de fuego, diecisiete milicianos murieron en unos segundos. Sólo un rezagado logró salvar la vida, huyendo antes de ser ametrallado. Los hombres de Ramírez recogieron diecisiete rifles checos M52 y se perdieron en la maleza, huyendo del cerco inevitable que vendría. Al día siguiente, otro grupo guerrillero atacó una cooperativa, matando a dos milicianos y capturando media docena de armas. El día 11 de enero, un camión del ejército, fue ametrallado en la carretera de Manicaragua y el día 12 hubieron combates en Guaracabuya y el Central Santa Isabel.
En ese mismo mes de enero, una de las unidades de combate de Osvaldo Ramírez le dio muerte a Conrado Benítez, un maestro rural que había servido de práctico y de informante de las milicias. Benítez, un convencido comunista, fue convertido por la propaganda del régimen, en el mártir más popular de las filas castristas. El régimen intentó hacer parecer a Benítez como una víctima inocente de las bandas guerrilleras. Las brigadas de adoctrinamiento marxista de alfabetización recibieron en nombre de Brigadas Conrado Benítez, y el maestro delator, fue alabado como un santo mártir de la revolución castrista.
En una comparecencia pública, Fidel Castro ofreció amnistía a Osvaldo Ramírez, diciendo demagógicamente: «Queremos convencerlos de que están equivocados, Y si Osvaldo Ramírez depone las armas, le garantizaremos su vida.» Desde la Sierra den Escambray, la respuesta fue típica del héroe guerrillero: «Si Castro desea hablar, que deponga las armas y suba al Escambray. Nosotros le garantizaremos su vida.» Respondió Osvaldo Ramírez, en una entrevista clandestina.
Mientras nos alzados peleaban desesperadamente, entre la dirigencia existía fricción. Evelio Duque había tenido problemas con Augusto, su contacto en La Habana. Augusto, dándose cuenta de que Osvaldo Ramírez era el líder guerrillero más dinámico de los alzados, le quitó el mando a Duque y envió un mensaje clandestino a Ramírez, ofreciéndole la jefatura total del Escambray. Augusto también envió cartas a los 7 jefes de columnas, pidiéndoles que se integraran bajo el mando único de Osvaldo. Por el momento, sin embargo, nos jefes guerrilleros estaban más preocupados por romper cercos y sobrevivir a las lluvias de metralla, que estructurarse bajo una nueva jefatura.
El día 28 de enero, aniversario den natalicio de nuestro Apóstol, José Martí, tres columnas guerrilleras se unieron para atacar en campamento de milicias de El Joyero. Después de un mes de intensos combates, las tres columnas juntas, apenas contaban con un centenar de hombres. En acción ofensiva, las guerrillas atacaron la Comandancia de las milicias. Sorprendidos por un intenso volumen de fuego, los milicianos se retiraron con treinta y dos bajas. Los alzados tomaron el cuartel y lo incendiaron, capturando en la acción, una docena de armas largas, cinco milicianos y provisiones.
»Aquellos hermanos Tardío eran hombres durísimos. Eran seis, y cinco murieron en la lucha contra Fidel. El sexto, Genaro, cumplió presidio político. Aquella bala que le entró a Lupe en el cerco de San Blas hubiera matado a cualquiera, pero Lupe siguió peleando. - Chiche,- me dijo -sácame la bala con el cuchillo.- Pero yo no me atreví. Pensé que Lupe iba a morir pronto, pero no, a él no lo mataron hasta varios meses después, en un combate en El Dátil.
Para mediados de marzo, el ejército castrista comenzó a retirar a los miles de milicianos destacados en el Escambray. La Primera Limpia había terminado. Las unidades guerrilleras habían sido aparentemente destrozadas. Ismael Heredia había muerto en combate. Duque, Membibre, Méndez, Mesa y Montiel, habían logrado escapar al exilio. Carlos Duque, Zacarías López, Guillermo Pérez Calzada, Nando Lima, Ismael Rojas y Chiche Gámez, habían sido apresados. En las montañas de Las Villas, sólo quedaban algunos grupos dispersos.
Después de la Primera Limpia, los grupos aislados que quedaban, apenas ascendían a unos doscientos hombres en su totalidad. Pero esos grupitos aislados tenían dos factores a su favor.
El primer factor, era la experiencia. Los que habían sobrevivido a la limpia, eran ahora veteranos muy duros, guerrilleros muy jíbaros, curtidos en el combate y dispuestos a la guerra.
El segundo factor era un líder guerrillero que había sobrevivido milagrosamente a once cercos de la limpia: el legendario Osvaldo Ramírez.
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EL SOLDADO QUE MATÓ A RAMIRE NUNCA LO SUPERÓ.
Era un cabo de milicias en su pueblo de Topes de Collantes. Desde muchacho había recibido el apodo de El Yanki, por su pelo rubio y cara pecosa. Fue movilizado para la lucha contra los guerrilleros, y como todo buen soldado, su preocupación era el sobrevivir las balas enemigas.
El 16 de abril de 1962, El Yanki fue a visitar a un pariente que vivía en un bohío cercano a las Aromas de Velázquez. Cuando El Yanki se acercaba a la vivienda, vió a una figura que se movía en la distancia, hacia una cañada. La figura llevaba un arma norteamericana, una carabina M1, y usaba un sombrero Stetson.
Guerrillero.
El Yanki rastrilló el rifle checo M52. La figura ya había desaparecido. Había movimientos de arbustos en la maleza, hacia el fondo de la cañada. El Yanki disparó a ciegas, el rifle checo culateando contra su hombro. Después del eco del disparo sólo hubo silencio.
Cuando la patrulla de milicianos llegó, atraída por el solitario disparo, peinaron la cañada. Encontraron un cadáver y quedaron sorprendidos. Al guerrillero muerto le faltaba la punta de un dedo en la mano izquierda.
-Felicidades, Yanki - dijo el jefe de la patrulla, -has matado a Osvaldo Ramirez.
El Yanki abrió los ojos sorprendido. Osvaldo Ramírez, el comandante en jefe de todos los alzados, el guerrillero más temido de todo el Escambray. El hombre que había escapado un centenar de cercos, que había eludido dos grandes limpias, se había lanzado por barrancos en saltos suicidas para evitar captura. Ramírez y sus hombres eran responsables de docenas de emboscadas y ataques a tropas de milicia.
El Yanki comenzó a sudar. «Ahora van a venir a buscarme,» pensó, «todos los alzados de Las Villas van a venir a vengarse. Me van a colgar de una guásirna. Me van a abrir el vientre a machetazos. Me van a meter un tiro en la nuca mientras yo esté durmiendo en mi cama.»
El Yanki comenzó a enloquecer. Cada guajiro que veía era un posible enemigo al acecho. Cada sonido en la noche era un alzado que se acercaba, arrastrándose de barriga, con un cuchillo en la mano. El Yanki no dormía bien. Se despertaba gritando, llorando, pidiendo clemencia. Cuando oía disparos en la distancia, comenzaba a sudar frío. Cuando se mencionaba a Osvaldo Ramírez, El Yanki comenzaba a sollozar.
A El Yanki lo enviaron a Europa. Dicen que recibió tratamiento médico en Alemania. Pero aún así, regresó a Topes de Collantes totalmente demente. Ya entonces no habían alzados en el Escambray, pero muchos aún merodeaban en la mente de El Yanki.
El tiempo pasó. Ningún guerrillero se apareció en su casa para degollarlo. Pero El Yanki se cuidaba. No salía de noche. Pasaba horas encerrado en su casa, mirando hacia el mundo por una rendija. Se sentaba algunas veces en el portal, pero siempre entraba en la casa antes de oscurecer.
Aún hoy, veinte y seis años después del disparo solitario en Las Aromas de Velázquez, El Yanki continúa acuartelado, viviendo en su infierno solitario, perseguido por el fantasma del legendario guerrillero. Hay días, en que sentado en el portal de su casa, aún escucha voces al anochecer. Son los muchachos del pueblo, que escondidos en los arbustos, asustan al demente.
-¡Escóndete, Yanki!- gritan las voces, --que Osvaldo viene a buscarte. Ya está aquí.
Y El Yanki, aullando y sollozando, brinca de su sillón, se esconde en la casa, y continúa mirando al mundo por una rendija.

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TAGUARI:
El Serrucho estaba localizado cerca de Tamarindo, en la provincia de Camagüey. Era un lugar difícil de encontrar, lejos de las carreteras bien transitadas. En los tiempos de Batista había sido una casa de curar tabaco. Después vino la Revolución, y la finca fue intervenida. 
Camiones y jeeps cargados de tropas vestidas de verde olivo llegaron al Serrucho. Las edificaciones comenzaron. Se fabricaron oficinas, se pintaron las paredes de verde claro. Frente al patio de cemento, donde habían varios lavaderos, se construyeron una docena de celdas. 
El Serrucho no era imponente pero tenia mayimbes importantes. En el cuartel estaban las oficinas del Comandante Víctor Drake, uno de los oficiales principales involucrados en la cacería de alzados. En el mismo edificio estaban las oficinas de Seguridad del Estado, Sección Bandas, del Ministerio del Interior, dirigidas por el primer teniente Rubén Montero y el teniente Arturo Hernández. 
Montero y Hernández eran una pareja inseparable. Montero era delgado, de pelo oscuro y nariz afilada. Hernández era corpulento, más de seis pies de estatura, y doscientas libras en un cuerpo adornado de ropa bien planchada y un inmenso sombrero. 
Ambos hombres trabajaban bien juntos. En los interrogatorios a los alzados, a los familiares, o a los colaboradores, ambos sabían calibrar bien las debilidades humanas. Sabían cuando amenazar y cuando ser amistosos. Montero se jactaba de sus habilidades persuasivas y Hernández juraba que no había preso que él no pudiera intimidar 
El 22 de julio de 1963, en la Sabana de Imías, Sierra de Cubitas, doscientos cazadores del LCB, dirigidos por el teniente Pedro Nodal Loyola, se unieron a un pelotón de policías para atacar a un grupo de alzados acampados en un molino abandonado. El combate fue corto y violento. Seis guerrilleros se batieron contra huestes cuarenta veces superiores. Roberto Rodríguez, el jefe de la guerrilla, fue derribado por el plomo del FAL belga de Nodal Loyola. El guerrillero muerto era una figura grotesca. Tenía puesto su sombrero tejano, pero su mandíbula había desaparecido, arrancada de cuajo por un proyectil. 
El cerco se cerró sobre el molino. Un policía fue herido de un balazo en la cabeza. Tres soldados del LCB fueron cortados por la metralla de las armas guerrilleras. Tres guerrilleros rompieron el nudo. Otro alzado fue muerto y uno capturado. 
Lo llevaron al Serrucho para ser interrogado. Lo encerraron en una celda que miraba hacia el patio de cemento. Montero y Hernández se prepararon para el interrogatorio. En la oficina verde clara, donde hacía calor de día y frío de noche, ambos hombres ojearon el archivo del reo recién capturado. 
Jorge Labrada Martínez. Veinte y dos años de edad. Conocido por Taguari. Sus dos hermanos, Humberto y Rafael, también son alzados. Los tres han estado activos en la región norte de Las Villas y Camagüey por muchos meses. 
Montero fue a visitar a Taguari en su celda. El preso estaba vestido sólo con calzoncillos mugrientos. En la mano izquierda tenía una cicatriz larga, herida vieja de cuchillo o navaja. El pelo oscuro del pecho estaba mojado por el sudor, pegado al cuerpo. Sus cabellos estaban sucios y despeinados. Sus ojos eran oscuros, de mirada intensa, ojos más viejos que el resto del cuerpo. Tenía un olor agrio, a yerba y sudor rancio. 
Montero empezó suave. Le ofreció comida, refrescos y cigarrillos a Taguari. Después vino el monólogo. Ya Montero se lo sabía de memoria, repitiendo las frases con las inflexiones bien practicadas de un actor. 
--Tú eres joven.- decía Montero, -Ya la guerra se te acabó. Te apresamos. Pero puedes rehacer tu vida. Nos puedes ayudar. La Revolución es benévola. Si nos ayudas, en vez de fusilarte, irás a la cárcel. Con buen comportamiento estarás en la calle en cinco o seis años, antes de cumplir los treinta... 
Montero continuó hablando, vendiendo la idea. Los ojos oscuros del alzado estaban clavados sobre el teniente. Montero se calló de súbito, esperando una reacción. 
-Mire, teniente,- dijo Taguari, -a mí me puede fusilar cuando le de la gana. Yo no ayudo a comunistas. 
Montero se encogió de hombros y salió de la celda. La reacción era de esperar. Todos empezaban así, pero en unos días cambiaban de opinión. 
El segundo y tercer día se repitió el monólogo. Ambas veces el preso repitió la misma negativa. Montero trajo a una mujer y a un niño al Serrucho. Los paró frente al preso. 
-Ella es viuda, y él es huerfano,- dijo el teniente, -y por culpa de ustedes. Su marido era un miliciano que murió en un peine. A lo mejor fuiste tú mismo el que lo mató. 
Montero esperó una reacción. Había tenido éxito muchas veces antes. Alzados duros se habían ablandado al ver viudas de luto y muchachitos llorando. Taguari los miró serenamente. Detrás de los ojos oscuros, el alzado pensó en las viudas de los alzados muertos y fusilados. 
-Eso no funciona conmigo, Montero.- dijo Taguari, -Llévatela pal carajo. Si me escapo de aquí voy a seguir rompiendo milicianos y haciendo viudas y huérfanos. 
«Este es duro,» pensó Montero. «Ahora le toca a Arturo. Si por las buenas no funciona, pues entonces, por las malas.» 
Arturo Hernández visitó la celda. Trató de intimidar a Taguari, pero el muchacho no se dejó amenazar. La mano inmensa de Hernández cruzó el rostro del alzado, con una bofetada. Taguari recibió el golpe, y rebotando de la pared pateó al oficial, el pie descalzo clavándose en la barriga de Hernández. Aullando de dolor y rabia, Hernández llamó a los guardias. A Taguari lo golpearon y patearon, dejándolo tirado en el piso frío de la celda. 
Hernández se obsesionó con Taguari. Había que quebrar su espíritu, doblegarlo. Taguari era algo personal para Hernández, no un simple preso que debía ser interrogado. Las golpizas continuaron. Los labios amoratados del alzado sólo se abrían para escupir una maldición, para repetir que a él había que fusilarlo. 
Un día lo sacaron de la celda. Lo metieron dentro de uno de los lavaderos. Una tapa de metal cubrió la boca del lavadero. Una mano abrió la pila, y el agua comenzó a llenar la caja de concreto. El agua le cubrió las piernas, la barriga, el pecho. El agua continuó subiendo de nivel. Entró por la boca y los huecos de la nariz. Su cuerpo se convulsionó como una marioneta. Su cabeza golpeaba contra la tapa del lavadero. 
Lo sacaron inconsciente. Parecía muerto. Arturo Hernández ordenó que le bombearan el estómago. 
¡Que no se muera, coño!- decía Hernández, -A ése lo quiero vivo. Ese cabrón es asunto mío. 
Taguari vomitó agua. Los párpados se abrieron. Los ojos se abrieron, mirando hacia Hernández y sus hombres. 
-¡Mari-cones!- dijo Taguari vomitando buches de agua. 
-¡Comunistas de mie-rda!- Varias veces lo metieron en el lavadero. Y vomitando agua repetía sus maldiciones. 
Después de un par de semanas se lo llevaron del Serrucho para la Finca Casablanca, otro centro de detención, más grande y propicio para interrogatorios. Media docena de golpizas más le propinaron. Montero le hablaba suave, tratando de convencerlo de que ya era hora de rendirse, de evitar más torturas. Hernández lo apaleaba. Pero Taguari no se doblegaba. 
La situación se convirtió en una guerra de voluntades. Cada uno estaba obstinado en vencer. Hernández quería causar el dolor insoportable que doblegara físicamente al preso. Montero quería que el hombre se rindiera mentalmente ante una realidad inexorable. Taguari estaba obstinado en no ceder ante sus raptores, en ser destrozado pero no derrotado. 
Después de un mes se dieron cuenta que los esfuerzos eran inútiles. Montero visitó a Taguari para informarle que seria fusilado al día siguiente si no aceptaba la última oferta. 
-Mire, teniente,- dijo Taguari, -si ustedes son tan machos, vamos al patio. Deme una pistola y yo me bato a tiros con ustedes, uno por uno, hasta que alguien me mate. Lo único que yo quiero es llevarme unos cuantos hijos de putas comunistas más antes de que me llegue mi hora. 
Montero no respondió. Al otro día, al anochecer, Jorge Labrada Martínez se encaró a un pelotón de fusilamiento. Taguari se paró frente a los rifles serenamente, sus ojos intensos brillando, hasta que las lenguas de fuego los apagaron.

martes, 1 de enero de 2019

535-La Ley Fundamental de 1959 a 1976 que usó Fidel para violar poco a poco la C-40.

Tomada Santiago de Cuba, el 1ro. de enero de 1959, por la Columna 1 el Ejército Rebelde, la ciudad fue declarada capital provisional de la República de Cuba y en ella se constituyó el primer Gobierno Revolucionario. Como presidente de la República fue designado el magistrado doctor Manuel Urrutia.
La decisión inicial del Gobierno fue reconocer el liderazgo político y militar de Fidel Castro como jefe de la Revolución, nombrándolo Comandante en Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de la República.
En ese carácter dicta su primera orden militar, que designaba a Camilo Cienfuegos como jefe militar de la provincia de La Habana.
Entre el 5 y el 23 de enero fue completado el Consejo de M...

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https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Urrutia_Lle%C3%B3
Presidente del país entre el 17 de julio de 1959 y el 2 de diciembre de 1976. Presidente provisional. Primer presidente desde el triunfo de la Revolución Cubana. Renunció. La Ley Fundamental de 1959 confería más poder al Primer Ministro, en ese entonces Fidel Castro.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Dortic%C3%B3s_Torrado
Presidente de la República. La Ley Fundamental de 1959 confería más poder al Primer Ministro, en ese entonces Fidel Castro.

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Cuba. 
Ley Fundamental de 1959
(7 de febrero de 1959)

Título I.
De la Nación, su Territorio y Forma de Gobierno

Art 1- Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
Art. 2- La soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos.
Art 3- El territorio de la República está integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos y las demás islas y cayos adyacentes que con ellas estuvieron bajo la soberanía de España hasta la ratificación del Tratado de París de diez de diciembre de mil ochocientos novena y ocho. La República no concertará ni ratificará pactos o tratados que de forma alguna limiten o menoscaben la soberanía nacional o la integridad del territorio.
Art 4- El territorio de la República se divide en provincias y éstas en términos municipales.
Las actuales provincias se denominan: Pinar de Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente.
Art 5- La bandera de la República es la de Narciso López que se izó en la fortaleza del Morro de La Habana el día veinte de mayo de mil novecientos dos, al transmitirse los poderes
públicos al pueblo de Cuba. El escudo nacional es el que como tal está establecido por la Ley.
La República no reconocerá ni consagrará con carácter nacional, otra bandera, himno o escudo que aquéllos a que este Artículo se refiere. En los edificios, fortalezas y dependencias públicas y en los actos oficiales, no se izará más bandera que la nacional, salvo las extranjeras en los casos y en la forma permitidos por el Protocolo y por los usos internacionales, los tratados y las leyes.
Por excepción podrá enarbolarse en la ciudad de Bayamo, declarada monumento nacional, la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. El himno nacional es el de Bayamo, compuesto por Pedro Figueredo, y será el único que se ejecute en todas las dependencias del Gobierno, cuarteles y altos oficiales. Los himnos extranjeros podrán ejecutarse en los casos expresados anteriormente en relación con las banderas extranjeras. No obstante, lo dispuesto en el párrafo segundo de este Artículo las sociedades, organizaciones o centros de cualquier clase podrán izar sus banderas o insignias en sus edificios, pero siempre el pabellón nacional ocupará lugar preferente.
Art. 6- El idioma oficial de la República es el español.
Art 7- Cuba condena la guerra de agresión; aspira a vivir en paz con los demás Estados y a mantener con ellos relaciones y vínculos de cultura y de comercio. El Estado cubano hace suyos
los principios y prácticas del Derecho Internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la soberanía de los pueblos, a la reciprocidad entre los Estados y a la paz y la civilización universales.

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Título II
De la Nacionalidad
Art. 8- La ciudadanía comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado será regulado por la Ley.
Art 9- Todo cubano está obligado:
a) A servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la Ley;
b) A contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga;
c) A cumplir la Ley Fundamental y las Leyes de la República y observar conducta cívica
inculcándola a los propios hijos y a cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más
pura conciencia nacional.
Art. 10- El ciudadano tiene derecho:
a) A residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa
cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas;
b) A votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la
República;
c) A recibir los beneficios de la asistencia social y de la cooperación pública, acreditando
previamente en el primer caso su condición de pobre;
d) A desempeñar funciones y cargos públicos;
e) A la preferencia que en el trabajo dispongan la Ley Fundamental y la Ley.
Art. 11- La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
Artículo 12. Son cubanos por nacimiento:
a) Todos los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de los
extranjeros que se encuentran al servicio de su gobierno;
b) Los nacidos en territorio extranjero, de padre o madre cubanos, por el solo hecho de
avecindarse aquellos en Cuba;
c) Los que, habiendo nacido fuera del territorio de la República de padre o madre natural de
Cuba que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadanía cubana, en la forma y con
sujeción a las condiciones que señale la Ley;
d) Los extranjeros que por un año o más hubiesen prestado servicios en el Ejército Libertador,
permaneciendo en éste hasta la terminación de la Guerra de Independencia, siempre que
acrediten esta condición con documento fehaciente expedido por el Archivo Nacional;
e) Los extranjeros que hubiesen servido a la lucha contra la tiranía derrocada el día 31 de
diciembre de 1958 en las filas del Ejército Rebelde durante dos años o más, y hubiesen
ostentado el grado de comandante durante un año por lo menos, siempre que acrediten esas
condiciones en la forma que la Ley disponga.
Artículo 13.- Son cubanos por naturalización:
a) Los extranjeros que después de cinco años de residencia continua en el territorio de la
República y no menos de uno después de haber declarado su intención de adquirir la
nacionalidad cubana, obtengan la carta de ciudadanía con arreglo a la Ley, siempre que
conozcan el idioma español;
b) El extranjero que contraiga matrimonio con cubana, y la extranjera que lo contraiga con
cubano, cuando tuvieren prole de esa unión o llevaren dos años de residencia continua en el país
después de la celebración del matrimonio, y siempre que hicieren previa renuncia de su
nacionalidad de origen;
c) Los extranjeros que hubieren servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el 31 de
diciembre de 1958, y que al finalizar la misma hubieren estado ostentando grados de oficiales
del Ejército Rebelde, siempre que acrediten esas condiciones en la forma que la Ley disponga.
Artículo 14.- Las cartas de ciudadanía y los certificados de nacionalidad cubana estarán exentos
de tributación.
Artículo 15. Pierden la ciudadanía cubana:
a) Los que adquieran una ciudadanía extranjera;
b) Los que, sin permiso del Consejo de Ministros, entren al servicio militar de otra nación, o al
desempeño de funciones que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia;
c) Los cubanos por naturalización que residan tres años consecutivos en el país de su
nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular correspondiente su
voluntad de conservar la ciudadanía cubana. La Ley podrá determinar delitos y causas de
indignidad que produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, mediante sentencia
firme de los tribunales competentes;
d) Los naturalizados que aceptaren una doble ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía por los
motivos consignados en los incisos b) y c) de este Artículo, no se hará efectiva sino por
sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante tribunal de justicia, según disponga la Ley.
Artículo 16.- Ni el matrimonio ni su disolución afectan a la nacionalidad de los cónyuges o de
sus hijos. La cubana casada con extranjero conservará la nacionalidad cubana. La extranjera que
se case con cubano y el extranjero que se case con cubano conservarán su nacionalidad de
origen, o adquirirán cubana, previa opción regulada por esta Ley Fundamental, la Ley o los
tratados internacionales.
Artículo 17. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en la forma que prescriba la Ley.
Artículo 18. Ningún cubano por naturalización podrá desempeñar, a nombre de Cuba, funciones
oficiales en su país de origen.
Disposiciones Transitorias al Título Segundo
Primera. Los extranjeros comprendidos en los incisos 1, 2, 4 y 5 del Artículo sexto de la
Constitución de 1901, conservarán los derechos reconocidos por dicho precepto, siempre que
cumplan los requisitos correspondientes.
Segunda. Las certificaciones del Registro de Españoles expedidas hasta el 11 de abril de 1950,
serán válidas en cualquier tiempo. Con posterioridad a dicha fecha ha de entenderse
generalizado para todos los extranjeros el procedimiento establecido en la Ley Fundamental.
Título Tercero
De la Extranjería
Artículo 19. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los
cubanos:
a) En cuanto a la protección de su persona y bienes;
b) En cuanto al goce de los derechos reconocidos en esta Ley Fundamental, con excepción de
los que se otorgan exclusivamente a los nacionales. El Gobierno, sin embargo, tiene la potestad
de obligar a un extranjero a salir del territorio nacional en los casos y forma señalados en la Ley.
Cuando se trate de extranjeros con familia cubana constituida en Cuba, deberá mediar fallo
judicial para la expulsión, conforme a lo que prescriben las leyes de la materia. La Ley regulará
la organización de las asociaciones de extranjeros, sin permitir discriminaciones contra los
derechos de los cubanos que formen parte de ellas;
c) En la obligación de acatar el régimen económico-social de la República;
d) En la obligación de observar la Ley Fundamental y la Ley;
e) En la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley
disponga;
f) En la sumisión y la jurisdicción y resoluciones de los Tribunales de Justicia y autoridades de
la República;
g) En cuanto al disfrute de los derechos civiles, bajo las condiciones y con las limitaciones que
la Ley prescriba.
Título Cuarto
Derechos Fundamentales
Sección Primera
 De los Derechos Individuales
Artículo 20. Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La República no reconoce fueros ni
privilegios. Se declara ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o
clase, y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá las sanciones en que
incurran los infractores de este precepto.
Artículo 21.- Las leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente,
se excluye de este beneficio, en los casos en que haya mediado dolo, a los funcionarios o
empleados públicos que delincan en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos
electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta Ley Fundamental. A los que
incurrieren en estos delitos se les aplicarán las sanciones y calificaciones de la Le y vigente al
momento de delinquir. En los casos de delitos cometidos en servicio de la tiranía derrocada el
día 31 de diciembre de 1958, los autores podrán ser juzgados de acuerdo con las leyes penales
que fueren promulgadas al efecto.
Artículo 22. Las demás leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que la propia Ley lo determine
por razones de orden público, de utilidad social o de necesidad nacional, señaladas
expresamente en la Ley con el voto conforme de las dos terceras partes del número total de los
miembros del Consejo de Ministros. Si fuere impugnado el fundamento de la retroactividad en
vía de inconstitucionalidad corresponderá al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales
decidir sobre el mismo, sin que pueda dejar de hacerlo por razón de forma u otro motivo
cualquiera. En todo caso, la propia Ley establecerá el grado, modo y forma en que se
indemnizarán los daños, si los hubiere, que la retroactividad infiriese a los derechos adquiridos
legítimamente al amparo de una legislación anterior. La Ley acordada al amparo de este
Artículo no será válida si produce efectos contrarios a lo dispuesto en el Artículo veinticuatro de
esta Ley Fundamental.
Artículo 23. Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u
omisiones que las produzcan no podrán ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por
el Ejecutivo, y por consiguiente, las leyes no podrán tener efecto retroactivo respecto a dichas
obligaciones. El ejercicio de las acciones que de éstas se deriven podrá ser suspendido, en caso
de grave crisis nacional, por el tiempo que fuere razonablemente necesario, mediante los
mismos requisitos y sujeto a la impugnabilidad a que se refiere el párrafo primero del Artículo
anterior.
Artículo 24. Se prohíbe la confiscación de bienes pero se autoriza la de los bienes del tirano
depuesto el día 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, los de las personas naturales o
jurídicas responsables de los delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda
pública, y los de las que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder
Público. Ninguna otra persona natural o jurídica podrá ser privada de su propiedad si no es por
autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad pública o de interés social y
siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente.
La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser
amparado por los Tribunales de Justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad. La certeza
de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá
decidirlas a los tribunales de justicia en caso de impugnación.
Artículo 25. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los casos de los miembros de
las Fuerzas Armadas, de los cuerpos represivos de la Tiranía, de los grupos auxiliares
organizados por ésta, de los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los
confidentes, por delitos cometidos en pro de la instauración o defensa de la Tiranía derrocada el
31 de diciembre de 1958. También se exceptúan las personas culpables de traición o de
subversión de orden constitucional o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con
nación extranjera.
Artículo 26.- La Ley Procesal Penal establecerá las garantías necesarias para que todo delito
resulte probado independientemente del testimonio del acusado, del cónyuge y también de sus
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se considerará
inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él. En todos los casos, las autoridades
y sus agentes levantarán acta de la detención, que firmará el detenido, a quién se le comunicará
la autoridad que la ordenó, el motivo que la produce y el lugar a donde va a ser conducido,
dejándose testimonio en acta de todos estos particulares. Son públicos los registros de detenidos
y presos. Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido será
imputable a sus aprehensores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario. El subordinado
podrá rehusar el cumplimiento de las órdenes que infrinjan esta garantía. El custodio que hiciere
uso de las armas contra un detenido o preso que intentare fugarse será necesariamente inculpado
y responsable, según las leyes, del delito que hubiere cometido. Los detenidos o presos políticos
o sociales se recluirán en departamentos separados del de los delincuentes comunes y no serán
sometidos a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para los presos comunes. Ningún
detenido o preso será incomunicado. Solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las
infracciones de este precepto, cualesquiera que sean el lugar, circunstancias y personas que en la
detención intervengan.
Artículo 27.- Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial
competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su detención. Toda detención
se dejará sin efecto, o se elevará a prisión, por auto judicial fundado, dentro de las setenta y dos
horas de haberse puesto el detenido a la disposición del juez competente. Dentro del mismo
plazo se notificará al interesado el auto que se dictare. La prisión preventiva se guardará en
lugares distintos y completamente separados de los destinados a la extinción de las penas, sin
que puedan ser sometidos a los que así guarden prisión a trabajo alguno, ni a la reglamentación
del penal para los que extingan condenas.
Artículo 28.- Nadie será procesado ni condenado sino por juez o tribunal competente, en virtud
de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establezcan. No se
dictará sentencia contra el procesado rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser
oído. Tampoco se le obligará a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No se ejercerá violencia ni coacción
de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con
infracción de este precepto será nula, y los responsables incurrirán en las penas que fije la Ley.
Artículo 29.- Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades
y garantías que prevean la Ley Fundamental y las leyes, será puesto en libertad, a petición suya
o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un
sumarísimo procedimiento de Hábeas Corpus ante los tribunales ordinarios de justicia. El
tribunal no podrá declinar su jurisdicción, ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso
ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto. Es
absolutamente obligatoria la presentación ante el tribunal que haya expedido el Hábeas Corpus
de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o
entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida. Serán nulas, y así lo declarará
de oficio la autoridad judicial, cuantas disposiciones impidan o retarden la presentación de la
persona privada de libertad, así como las que produzcan cualquier dilación en el procedimiento
de Hábeas Corpus. Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el tribunal que conozca
del Hábeas Corpus, éste decretará la detención del infractor, el que será juzgado de acuerdo con
lo que disponga la Ley. Los Jueces o Magistrados que se negaren a admitir la solicitud de
mandamiento de Hábeas Corpus, o no cumplieren las demás disposiciones de este Artículo,
serán separados de sus respectivos cargos por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Artículo 30.- Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él,
trasladarse de un lugar a otro y mudarse de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración y
las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. A nadie se obligará a
mudar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial en los casos y con los
requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada en
el territorio de la República.
Artículo 31.- La República de Cuba brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos
políticos, siempre que los acogidos a él respeten la soberanía y las leyes nacionales. El Estado
no autorizará la extradición de reos de delitos políticos ni intentará extraditar a los cubanos reos
de esos delitos que se refugien en territorio extranjero. Cuando procediere, conforme a la Ley
Fundamental y a la Ley, la expulsión de un extranjero del territorio nacional, ésta no se
verificará si se tratare de asilado político, hacia el territorio del Estado que pueda reclamarlo.
Artículo 32.- Es inviolable el secreto de la correspondencia y demás documentos privados, y ni
aquélla ni éstos podrán ser ocupados ni examinados sino a virtud de Auto fundado de juez
competente y por los funcionarios o agentes oficiales. En todo caso, se guardará secreto respecto
de los extremos ajenos al asunto que motivare la ocupación o examen. En los mismos términos
se declara inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.
Artículo 33.- Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su
pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión,
utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. Sólo podrá
ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de
cualquier índole cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública,
previa resolución fundada de autoridad judicial competente y sin perjuicio de las
responsabilidades que se deduzcan del hecho delictuoso cometido. En los casos a que se refiere
este Artículo no se podrá ocupar ni impedir el uso y disfrute de los locales, equipos o
instrumentos que utilice el órgano de publicidad de que se trate, salvo por responsabilidad civil.
Artículo 34.- El domicilio es inviolable y, en su consecuencia, nadie podrá entrar de noche en el
ajeno sin el consentimiento del morador, a no ser para socorrer a víctimas de delito o desastre;
ni de día, sino en los casos y en la forma determinados por la Ley. En caso de suspensión de
esta garantía, será requisito indispensable para penetrar en el domicilio de una persona, que lo
haga la propia autoridad competente, mediante orden o resolución escrita de la que se dejará
copia auténtica al morador, a su familia o al vecino más próximo, según proceda. Cuando la
autoridad delegue en alguno de sus agentes, se procederá del mismo modo.
Artículo 35.- Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los
cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia estará
separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto.
Artículo 36.- Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean
atendidas y resueltas en término no mayor de cuarenta y cinco días, comunicándosele lo
resuelto. Transcurrido el plazo de la Ley, o en su defecto, el indicado anteriormente, el
interesado podrá recurrir, en la forma que la Ley autorice, como si su petición hubiese sido
denegada.
Artículo 37.- Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin
armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas
legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público.
Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno
representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía
nacional.
Artículo 38.- Se declarará punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano
participar en la vida política de la nación.
Artículo 39.- Solamente los ciudadanos cubanos podrán desempeñar funciones públicas que
tengan aparejada jurisdicción.
Artículo 40.- Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el
ejercicio de los derechos, que esta Ley Fundamental garantiza, serán nulas si los disminuyen,
restringen o adulteran. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos
individuales garantizados anteriormente. La acción para perseguir las infracciones de este Título
es pública, sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. La enumeración
de los derechos garantizados en este Título, no excluye los demás que esta Ley Fundamental
establezca ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Disposiciones Transitorias al Título Cuarto,
Sección Primera
Primera.- La Ley establecerá las sanciones correspondientes a las violaciones del Artículo 20 de
esta Ley Fundamental. Mientras no se promulgue nueva legislación al respecto, todo acto que
viole el derecho consagrado en este Artículo y en sus concordantes, estará regido por las
disposiciones legales vigentes en la fecha de su promulgación.
Segunda.- Continúan en vigor como Disposiciones Transitorias de este Título, las promulgadas
en relación con igual Título de la Constitución de 1940, con los ordinales de la primera y
segunda.
Tercera.- En los casos de expropiaciones forzosas que se realizaren para llevar a efecto la
Reforma Agraria y el consiguiente reparto de tierras, no será imprescindible que el pago previo
de las indemnizaciones sea en efectivo. La Ley podrá establecer otros medios de pago, siempre
que reúnan las garantías necesarias.
Cuarta.- En los casos de los miembros de las fuerzas armadas, de los cuerpos represivos de la
Tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958, de los grupos auxiliares organizados por ésta, de
los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los confidentes, por delitos
cometidos en pro de la instauración o defensa de dicha Tiranía, los autores podrán ser
sancionados en virtud de leyes posteriores al delito. Podrán ser igualmente sancionados en
virtud de leyes posteriores al Tirano, sus colaboradores, las personas naturales o jurídicas
responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la Hacienda Pública y los que
se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público.
Quinta.- No obstante lo dispuesto en el Artículo 38 de esta Ley Fundamental, podrán
promulgarse leyes que limiten o prohíban la participación en la vida política de la Nación a
aquellos ciudadanos que como consecuencia de su actuación pública y de su participación en los
procesos electorales de la Tiranía, hayan coadyuvado al mantenimiento de la misma.
Sección Segunda.
De las garantías fundamentales
Artículo 41.- Las garantías de los derechos reconocidos en los Artículos veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta (párrafos primero y segundo), treinta y dos, treinta y tres, treinta
y seis y treinta y siete (párrafo primero) de esta Ley Fundamental, podrán suspenderse, en todo
o en parte del territorio nacional, por un período no mayor de cuarenta y cinco días naturales,
cuando lo exija la seguridad del Estado, o en caso de guerra o invasión del territorio nacional,
grave alteración del orden u otros que perturben hondamente la tranquilidad pública. La
suspensión de las garantías fundamentales sólo podrá dictarse, mediante una ley especial,
acordada por el Consejo de Ministros, o mediante Decreto del Poder Ejecutivo; pero en este
último caso, en el mismo decreto de suspensión, se dispondrá dar cuenta al Consejo de
Ministros, para que en un término no mayor de cuarenta y ocho horas ratifique o no la
suspensión en votación nominal y por mayoría de votos. En el caso de que el Consejo de
Ministros así reunido votase en contra de la suspensión, las garantías quedarán automáticamente
restablecidas.
Artículo 42.- El territorio en que fueren suspendidas las garantías a que se refiere el Artículo
anterior, se regirá por la Ley de Orden Público; pero ni en dicha Ley ni en otra alguna podrá
disponerse la suspensión de más garantías que las mencionadas. Tampoco podrá hacerse
declaración de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas por la Ley al
disponerse la suspensión. Los detenidos por los motivos que hayan determinado la suspensión
deberán ser recluidos en lugares especiales destinados a los procesados o penados por delitos
políticos o sociales. Queda prohibido al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más
de diez días sin hacer entrega de ella a la autoridad judicial.
Título Quinto.
De la familia y la Cultura
Sección Primera.
Familia
Artículo 43.- La familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado. Sólo es
válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para realizarlo. El
matrimonio judicial es gratuito y será mantenido por la Ley. El matrimonio es el fundamento
legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges; de
acuerdo con este principio se organizará su régimen económico. La mujer casada disfruta de la
plenitud de la capacidad civil, sin que necesite de licencia o autorización marital para regir sus
bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, profesión, oficio o arte, y disponer del
producto de su trabajo. El matrimonio puede disolverse por acuerdo de los cónyuges o a
petición de cualquiera de los dos por las causas y en la forma establecidas en la Ley. Los
tribunales determinarán los casos en que por razón de equidad, la unión entre personas con
capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada, por su estabilidad y singularidad, al
matrimonio civil. Las pensiones por alimentos a favor de la mujer y de los hijos gozaran de
preferencia respecto a cualquier obligación, y no podrá oponerse a esa preferencia la condición
de inembargable de ningún bien, sueldo, pensión o ingreso económico, de cualquier clase que
sea. Salvo que la mujer tuviere medios justificados de subsistencia, o fuere declarada culpable,
se fijará en su beneficio una pensión proporcionada a la posición económica del marido y
teniendo en cuenta, a la vez, las necesidades de la vida social. Esta pensión será pagada y
garantizada por el marido divorciado y subsistirá hasta que su ex cónyuge contrajere nuevo
matrimonio, sin perjuicio de la pensión que se fijará a cada hijo, la cual deberá ser también
garantizada. La Ley impondrá adecuadas sanciones a los que, en caso de divorcio, de separación
o cualquiera otra circunstancia, traten de burlar o eludir esa responsabilidad.
Artículo 44.- Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y éstos
a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con
garantías y sanciones adecuadas. Los hijos nacidos fuera del matrimonio de persona que al
tiempo de la concepción estuviere en aptitud de contraerlo, tienen los mismos derechos y
deberes que se señalan en el párrafo anterior, salvo lo que la Ley prescribe en cuanto a la
herencia. A ese efecto tendrán iguales derechos los habidos fuera del matrimonio por persona
casada cuando esta los reconociere o cuando recayere sentencia declarando la filiación. La Ley
regulará la investigación de la paternidad. Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de
la filiación. No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el
estado civil de los padres, en las actas de inscripción de aquéllos, ni en ningún atestado, partida
de bautismo o certificación referente a la filiación.
Artículo 45.- El régimen fiscal, los seguros y la asistencia social se aplicarán de acuerdo con las
normas de protección a la familia, establecidas en esta Ley Fundamental. La niñez y la juventud
estarán protegidas contra la explotación y el abandono moral y material. El Estado, la Provincia
y el Municipio organizarán instituciones adecuadas al efecto.
Artículo 46.- Dentro de las restricciones señaladas en esta Ley Fundamental, el cubano tendrá
libertad de testar sobre la mitad de la herencia.
Sección Segunda.
Cultura
Artículo 47.- La cultura, en todas sus manifestaciones, constituye un interés primordial del
Estado. Son libres la investigación científica, la expresión artística y la publicación de sus
resultados, así como la enseñanza, sin perjuicio, en cuanto a ésta de la inspección y
reglamentación que al Estado corresponda y que la Ley establezca.
Artículo 48.- La instrucción primaria es obligatoria para el menor en edad escolar, y su
dispensación lo será para el Estado, sin perjuicio de la cooperación encomendada a la iniciativa
municipal. Tanto esta enseñanza como la pre-primaria y las vocacionales serán gratuitas cuando
las impartan el Estado, la Provincia o el Municipio. Asimismo lo será el material docente
necesario. Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que impartan
el Estado o los Municipios con exclusión de los estudios preuniversitarios especializados y los
universitarios. En los institutos creados o que se crearen en lo sucesivo, con categoría de
preuniversitarios, la Ley podrá mantener o establecer el pago de una matrícula módica de
cooperación, que se destinará a las atenciones de cada establecimiento. En cuanto le sea posible,
la República ofrecerá becas para el disfrute de las enseñanzas oficiales no gratuitas a los jóvenes
que, habiendo acreditado vocación y aptitud sobresalientes se vieren impedidos, por
insuficiencia de recursos, de hacer tales estudios por su cuenta.
Artículo 49.- El Estado mantendrá un sistema de escuelas para adultos, dedicadas
particularmente a la eliminación y prevención del analfabetismo; escuelas rurales
predominantemente prácticas, organizadas con vista de los intereses de las pequeñas
comunidades agrícolas, marítimas o de cualquier clase, y escuelas de artes y oficios y de técnica
agrícola, industrial y comercial, orientadas de modo que respondan a las necesidades de la
economía nacional. Todas estas enseñanzas serán gratuitas, y a su sostenimiento colaboraran las
Provincias y los Municipios en la medida de sus posibilidades.
Artículo 50.- El Estado sostendrá las escuelas normales indispensables para la preparación
técnica de los maestros encargados de la enseñanza primaria en las escuelas públicas. Ningún
otro centro podrá expedir títulos de maestros primarios, con excepción de las Escuelas de
Pedagogía de las Universidades. Lo anteriormente dispuesto no excluye el derecho de las
escuelas creadas por la Ley para la expedición de títulos docentes en relación con las materias
especiales objeto de sus enseñanzas. Estos títulos docentes de capacidad especial darán derecho
a ocupar con toda preferencia las plazas vacantes o que se creen en las respectivas escuelas
especializadas. Para la enseñanza de la economía doméstica, corte y costura e industria para la
mujer, deberá de poseerse el título de maestro de economía, artes, ciencias domésticas e
industria, expedido por la Escuela del Hogar.
Artículo 51.- La enseñanza pública se constituirá en forma orgánica, de modo que exista una
adecuada articulación y continuidad entre todos sus grados, incluyendo el superior. El sistema
oficial proveerá al estímulo y desarrollo vocacionales, atendiendo a la multiplicidad de las
profesiones y teniendo en cuenta las necesidades culturales y prácticas de la nación. Toda
enseñanza, pública o privada, estará inspirada en un espíritu de cubanidad y de solidaridad
humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a la patria, a sus
instituciones democráticas y a todos los que por una y otras lucharon.
Artículo 52.- Toda enseñanza pública será dotada en los presupuestos del Estado, la Provincia o
el Municipio, y se hallará bajo la dirección técnica y administrativa del Ministerio de
Educación, salvo aquellas enseñanzas que por su índole especial dependan de otros Ministerios.
El Presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al ordinario de ningún otro
Ministerio, salvo en caso de emergencia declarada por la Ley. El sueldo mensual del maestro de
instrucción pública no deberá ser, en ningún caso, inferior a la millonésima parte del
presupuesto total de la nación. El personal docente oficial tiene los derechos y deberes de los
funcionarios públicos. La designación, ascensos, traslados y separación de los maestros y
profesores públicos, inspectores, técnicos y demás funcionarios escolares se regulará de modo
que en ello no influyan consideraciones ajenas a las estrictamente técnicas, sin perjuicio de la
vigilancia sobre las condiciones morales que deban concurrir en tales funcionarios. Todos los
cargos de dirección y supervisión de la enseñanza primaria oficial serán desempeñados por
técnicos graduados de la Facultad universitaria correspondiente.
Artículo 53.- La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus
Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse. El Estado contribuirá a crear el
patrimonio universitario y al sostenimiento de dicha Universidad, consignando a este último fin,
en sus presupuestos nacionales, la cantidad que fije la Ley.
Artículo 54.- Podrán crearse universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones
y centros de altos estudios. La Ley determinará las condiciones que hayan de regularlos.
Artículo 55.- La enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a
la reglamentación e inspección del Estado; pero en todo caso conservarán el derecho de
impartir, separadamente de la instrucción técnica, la educación religiosa que deseen.
Artículo 56.- En todos los centros docentes, públicos o privados, la enseñanza de la Literatura,
la Historia y la Geografía cubana, y de la Cívica y de la Ley Fundamental, deberá ser impartida
por maestros cubanos por nacimiento y mediante textos de autores que tengan esa misma
condición.
Artículo 57.- Para ejercer la docencia se requiere acreditar la capacidad en la forma que la Ley
disponga. La Ley determinará qué profesiones, artes u oficios no docentes requieren títulos para
su ejercicio, y la forma en que deben obtenerse. El Estado asegurará la preferencia en la
provisión de los servicios públicos a los ciudadanos preparados oficialmente para la respectiva
especialidad.
Artículo 58.- El Estado regulará por medio de la Ley la conservación del tesoro cultural de la
nación, su riqueza artística e histórica, así como también protegerá especialmente los
monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor
artístico o histórico.
Artículo 59.- Se creará un Consejo Nacional de Educación y Cultura que, presidido por el
Ministro de Educación, estará encargado de fomentar, orientar técnicamente o inspeccionar las
actividades educativas, científicas y artísticas de la nación. Su opinión será oída por el Consejo
de Ministros en todo proyecto de Ley que se relacione con materias de su competencia. Los
cargos del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán honoríficos y gratuitos.
Disposiciones Transitorias al Título Quinto
Sección Segunda
Primera.- Todos los bienes muebles e inmuebles que le fueron asignados a la Universidad de La
Habana cuando le fue concedida la autonomía por Decreto número 2059 de fecha 6 de octubre
de 1933, publicado en la Gaceta Oficial del día 9 siguiente, los demás bienes y derechos que por
legado, donación, herencia o por cualquier otro título de adquisición le correspondan y los que
para ser utilizados en sus actividades docentes les sean asignados por el Consejo de Ministros a
los fines que prevé el Artículo 53 de esta Ley Fundamental, formarán su patrimonio como
persona jurídica y se inscribirán en los correspondientes registros, libres de todo pago por
concepto de derechos. Mientras el patrimonio universitario no rinda recursos anuales para la
dotación suficiente de la Universidad de La Habana, la cantidad con que el Estado contribuirá al
sostenimiento de la misma, de acuerdo con el Artículo 53 de esta Ley Fundamental, será el dos
y cuarto por ciento de la suma total de gastos incluidos en dichos presupuestos, con excepción
de las cantidades destinadas al pago de la deuda exterior. Esta cantidad será distribuida
proporcionalmente entre las distintas Facultades de la Universidad de La Habana, tomando
como base el número de alumnos que aspiran a los títulos que otorgue cada Facultad y las
necesidades de sus respectivas enseñanzas. Lo dispuesto en esta Transitoria se aplicará también
en forma proporcional a las Universidades de Oriente y de Las Villas, de acuerdo a sus
necesidades, para las cuales el Consejo de Ministros, por medio de una Ley, podrá contribuir a
su patrimonio, y a ese fin asignarles bienes que sean utilizados en sus actividades docentes.
Segunda.- El Consejo de Ministros procederá a votar la Ley de la Reforma General de
Enseñanza. Mientras tanto no podrá proveerse ninguna cátedra de enseñanza oficial sin los
debidos títulos y certificados de capacidad específica
Título Sexto.
Del Trabajo y de la Propiedad
Sección Primera. Trabajo
Artículo 60.- El trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos
que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a
todo trabajador manual o intelectual, las condiciones económicas necesarias a una existencia
digna.
Artículo 61.- Todo trabajador manual o intelectual de empresas públicas o privadas, del Estado,
la Provincia o el Municipio, tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo, que se determinará
atendiendo a las condiciones de cada región y a las necesidades normales del trabajador en el
orden material, moral y cultural y considerándolo como jefe de familia. La Ley establecerá la
manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones
paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de
cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola. En los trabajos a destajo, por
ajuste o precio alzado, será obligatorio que quede racionalmente asegurado el salario mínimo
por jornada de trabajo. El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las
responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también
inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores.
Artículo 62.- A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponderá siempre igual salario,
cualesquiera sean las personas que lo realicen.
Artículo 63.- No se podrá hacer en el sueldo o salario de los trabajadores manuales o
intelectuales ningún descuento que no esté autorizado por la Ley. Los créditos a favor de los
trabajadores por haberes y jornales devengados en el último año, tendrán preferencia sobre
cualesquiera otros.
Artículo 64.- Queda totalmente prohibido el pago en vales, fichas, mercancías o cualquier otro
signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Su contravención
será sancionada por la Ley. Los jornaleros percibirán su salario en plazo no mayor de una
semana.
Artículo 65.- Se establecen los seguros sociales como derecho irrenunciable e imprescriptible de
los trabajadores, con el concurso equitativo del Estado, los patrones y los propios trabajadores, a
fin de proteger a éstos de manera eficaz contra la invalidez, la vejez, el desempleo y demás
contingencias del trabajo, en la forma que la Ley determine. Se establece asimismo el derecho
de jubilación por antigüedad y el de pensión por causa de muerte. La administración y el
gobierno de las instituciones a que se refiere el párrafo primero de este Artículo, estarán a cargo
de organismos paritarios, elegidos por patronos y obreros con la intervención de un
representante del Estado, en la forma que determine la Ley, salvo el caso de que se creara por el
Estado el Banco de Seguros Sociales. Se declare igualmente obligatorio el seguro por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales a expensas exclusivamente de los patronos y bajo la
fiscalización del Estado. Los fondos o reservas de los seguros sociales no podrán ser objeto de
transferencia, ni se podrá disponer de los mismos para fines distintos de los que determinaron su
creación.
Artículo 66.- La jornada máxima de trabajo no podrá exceder de ocho horas al día. Este máximo
podrá ser reducido hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de
dieciocho. La labor máxima semanal será de cuarenta y cuatro horas, equivalente a cuarenta y
ocho en el salario, exceptuándose las industrias que, por su naturaleza, tienen que realizar su
producción ininterrumpidamente dentro de cierta época del año, hasta que la Ley determine
sobre el régimen definitivo de esta excepción. Queda prohibido el trabajo y el aprendizaje a los
menores de catorce años.
Artículo 67.- Se establece para todos los trabajadores manuales e intelectuales el derecho al
descanso retribuido de un mes por cada once de trabajo dentro de cada año natural. Aquellos
que, por la índole de su trabajo u otra circunstancia no hayan laborado los once meses, tienen
derecho al descanso retribuido de duración proporcional al tiempo trabajado. Cuando por ser
fiesta o duelo nacional los obreros vaquen en su trabajo, los patronos deberán abonarles los
salarios correspondientes. Sólo habrá cuatro días de fiesta y duelos nacionales en que sea
obligatorio el cierre de los establecimientos industriales o comerciales, o de los espectáculos
públicos en su caso. Los demás serán de fiestas o duelo oficial y se celebrarán sin que se
suspendan las actividades económicas de la nación.
Artículo 68.- No podrá establecerse diferencia entre casadas y solteras a los efectos del trabajo.
La Ley regulará la protección a la maternidad obrera, extendiéndola a las empleadas. La mujer
grávida no podrá ser separada de su empleo, ni se le exigirá efectuar, dentro de los tres meses
anteriores al alumbramiento, trabajos que requieran esfuerzos físicos considerables. Durante las
seis semanas que precedan inmediatamente al parto y las seis semanas que le siguen, gozará de
descanso forzoso, retribuido igual que su trabajo, conservando el empleo y todos los derechos
anexos al mismo y correspondientes a su contrato de trabajo. En el período de lactancia se le
concederán dos descansos extraordinarios al día de media hora cada uno, para alimentar a su
hijo.
Artículo 69.- Se reconoce el derecho de sindicalización a los patronos, empleados privados y
obreros, para los fines exclusivos de su actividad económico-social. La autoridad competente
tendrá un término de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o
patronal. La inscripción determinará la personalidad jurídica del sindicato obrero o patronal. La
Ley regulará lo concerniente al reconocimiento del sindicato por los patronos y por los obreros
respectivamente. No podrán disolverse definitivamente los sindicatos sin que recaiga sentencia
firme de los tribunales de justicia. Las directivas de estas asociaciones estarán integradas
exclusivamente por cubanos por nacimiento.
Artículo 70.- Se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de las profesiones
universitarias. La Ley determinará la forma de constitución y funcionamiento en tales entidades
de un organismo superior de carácter nacional, y de los órganos locales que fueren necesarios,
de modo que estén regidas con plena autoridad por la mayoría de sus colegiados. La Ley
regulará también la colegiación obligatoria de las demás profesiones reconocidas oficialmente
por el Estado.
Artículo 71.- Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro
conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos.
Artículo 72.- La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los cuales serán de
obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y no obligarán a los contratantes,
aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que
impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor
del obrero en esta Ley Fundamental o en la Ley.
Artículo 73.- El cubano por nacimiento tendrá en el trabajo una participación preponderante,
tanto en el importe total de los sueldos y salarios, como en las distintas categorías de trabajo en
la forma que determine la Ley. También se extenderá protección al cubano naturalizado con
familia nacida en el territorio nacional, con preferencia sobre el naturalizado que no se halle en
esas condiciones y sobre los extranjeros. En el desempeño de los puestos técnicos
indispensables, se exceptuará de lo preceptuado en los párrafos anteriores al extranjero, previas
las formalidades de la Ley y siempre con la condición de facilitar a los nativos el aprendizaje
del trabajo técnico de que se trate.
Artículo 74.- El Ministerio del Trabajo cuidará, como parte esencial, entre otras, de su política
social permanente, de que en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el
comercio, no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de
personal y en la creación de nuevas plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o
comercios que se establecieren, será obligatorio distribuir las oportunidades de trabajo sin
distingos de raza o color, siempre que se satisfagan los requisitos de idoneidad. La Ley
establecerá que toda otra práctica será punible y perseguible de oficio o a instancia de parte
afectada.
Artículo 75.- La formación de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agrícolas,
industriales, de consumo o de cualquier otra índole, será auspiciada por la Ley; pero ésta
regulará la definición, constitución y funcionamiento de tales empresas de modo que no sirvan
para eludir o adulterar las disposiciones que para el régimen del trabajo establece esta Ley
Fundamental.
Artículo 76.- La Ley regulará la inmigración atendiendo al régimen económico nacional y a las
necesidades sociales. Queda prohibida la importación de braceros contratados, así como toda
inmigración que tienda a envilecer las condiciones del trabajo.
Artículo 77.- Ninguna empresa podrá despedir a un trabajador sin previo expediente y con las
demás formalidades que establezca la Ley, la cual determinará las causas justas de despido.
Artículo 78.- El patrón será responsable del cumplimiento de las leyes sociales, aún cuando
contrate el trabajo por intermediario. En todas las industrias y clases de trabajo en que se
requieran conocimientos técnicos, será obligatorio el aprendizaje en la forma que establezca la
Ley.
Artículo 79.- El Estado fomentará la creación de viviendas baratas para obreros. La Ley
determinará las empresas que, por emplear obreros fuera de los centros de población, estarán
obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y
demás servicios y atenciones propicias al bienestar físico y moral del trabajador y su familia.
Asimismo la Ley reglamentará las condiciones que deben reunir los talleres, fábricas y locales
de trabajo de todas clases.
Artículo 80.- Se establecerá la asistencia social bajo la dirección del Ministerio de Bienestar
Social, organizándolo por medio de la legislación pertinente, y proveyendo a las reservas
necesarias con los fondos que la misma determine. Se establecen las carreras hospitalaria,
sanitaria, forense y las demás que fueren necesarias para organizar en forma adecuada los
servicios oficiales correspondientes. Las instituciones de beneficencia del Estado, la Provincia y
el Municipio prestarán sus servicios con carácter gratuito sólo a los pobres.
Artículo 81.- Se reconoce el mutualismo como principio y práctica sociales. La Ley regulará su
funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y
sirva a la vez, de justa y adecuada protección al profesional.
Artículo 82.- Solamente podrán ejercer las profesiones que requieren título oficial, salvo lo
dispuesto en el Artículo cincuenta y siete de esta Ley Fundamental, los cubanos por nacimiento
y los naturalizados que hubieren obtenido esta condición con cinco años o más de anterioridad a
la fecha en que solicitaren la autorización para ejercer. El Consejo de Ministros podrá sin
embargo, por Ley extraordinaria, acordar la suspensión temporal de este precepto cuando, por
razones de utilidad pública resultase necesaria o conveniente la cooperación de profesionales o
técnicos extranjeros en el desarrollo de iniciativas públicas o privadas de interés nacional. La
Ley que así lo acordare fijará el alcance y término de la autorización. En el cumplimiento de
este precepto, así como en los casos en que por alguna ley o reglamento que regule el ejercicio
de cualquiera nueva profesión, arte u oficio, se respetarán los derechos al trabajo adquiridos por
las personas que hasta ese momento hubieran ejercido la profesión, arte u oficio de que se trate,
y se observarán los principios de reciprocidad internacional.
Artículo 83.- La Ley regulará la forma en que podrá realizarse el traslado de fábricas y talleres a
los efectos de evitar que se envilezcan las condiciones de trabajo.
Artículo 84.- Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se
someterán a comisiones de conciliación, integradas por representaciones paritarias de patronos y
obreros. La Ley señalará el funcionario judicial que presidirá dichas comisiones y el tribunal
nacional ante el cual sus resoluciones serán recurribles.
Artículo 85.- A fin de asegurar el cumplimiento de la legislación social, el Estado proveerá a la
vigilancia e inspección de las empresas.
Artículo 86.- La enumeración de los derechos y beneficios a que esta Sección se refiere, no
excluye otros que se deriven del principio de la justicia social, y serán aplicables por igual a
todos los factores concurrentes al proceso de la producción.
Disposiciones Transitorias a la Sección Primera del Título VI
Primera.- La participación preponderante del cubano por nacimiento en el trabajo establecida
por la Ley Fundamental, no podrá ser inferior a la garantizada por la Ley de 8 de noviembre de
1933.
Segunda.- Los derechos adquiridos por los trabajadores cubanos por nacimiento, con
anterioridad a la promulgación de esta Ley Fundamental, al amparo de las leyes de
nacionalización del trabajo promulgadas con fecha 8 de noviembre de 1933, son irrevocables.
Tercera.- A los efectos del cumplimiento del Artículo 80 de esta Ley Fundamental, se convierte
la beneficencia pública existente al promulgarse esta Ley Fundamental, en el servicio social
previsto en dicho Artículo.
Sección Segunda.
Propiedad
Artículo 87.- El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en
su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquéllas que por motivos
de necesidad pública o interés social establezca la Ley.
Artículo 88.- El subsuelo pertenece al Estado, que podrá hacer concesiones para su explotación
conforme a lo que establezca la Ley. La propiedad minera concedida y no explotada dentro del
término que fije la Ley, será declarada nula y reintegrada al Estado. Las tierras, los bosques y
las concesiones para explotación del subsuelo, utilización de aguas, medios de transporte y toda
otra empresa de servicio público, habrán de ser explotados de manera que propendan al
bienestar social.
Artículo 89.- El Estado tendrá el derecho de tanteo en toda adjudicación o venta forzosa de
propiedades inmuebles y de valores representativas de propiedades inmobiliarias.
Artículo 90.- Se prohíbe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la Ley señalará el
máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de
explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. La
Ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías
extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano.
Artículo 91.- El padre de familia que habite, cultive y explote directamente una finca rústica de
su propiedad, siempre que el valor de ésta no exceda de ocho mil pesos, podrá declararla con
carácter irrevocable como propiedad familiar, en cuanto fuere imprescindible para su vivienda y
subsistencia, y quedará exenta de impuestos y será inembargable e inalienable, salvo por
responsabilidades anteriores a esta Ley Fundamental. Las mejoras que excedan de la suma
anteriormente mencionada abonarán los impuestos correspondientes en la forma que establezca
la Ley. A los efectos de que pueda explotarse dicha propiedad, su dueño podía gravar o dar en
garantía siembras, plantaciones, frutos y productos de la misma.
Artículo 92.- Todo autor o inventor disfrutará de la propiedad exclusiva de su obra o invención,
con las limitaciones que señale la Ley en cuanto a tiempo y forma. Las concesiones de marcas
industriales y comerciales y demás reconocimiento de crédito mercantil con indicaciones de
procedencia cubana, serán nulas si se usaren, en cualquier forma, para amparar o cubrir
Artículos manufacturados fuera del territorio nacional.
Artículo 93.- No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los
censos y otros de naturaleza análoga y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. El
Consejo de Ministros, aprobará una Ley regulando la liquidación de los existentes. Quedan
exceptuados de lo prescrito en el párrafo anterior, los censos o gravámenes establecidos o que se
establezcan a beneficio del Estado, la Provincia o el Municipio, o a favor de instituciones
públicas de toda clase o de instituciones privadas de beneficencia.
Artículo 94.- Es obligación del Estado hacer cada diez años, por lo menos, un Censo de
Población, que refleje todas las actividades económicas y sociales del país, así como publicar
regularmente un Anuario Estadístico.
Artículo 95.- Se declaran imprescriptibles los bienes de las instituciones de beneficencia.
Artículo 96.- Se declaran de utilidad pública y por lo tanto en condiciones de ser expropiadas
por el Estado, la Provincia o el Municipio, aquellas porciones de terreno que, donadas por
personas de la antigua nobleza española para la fundación de una villa o población, y empleadas
efectivamente para este fin adquiriendo el carácter de Ayuntamiento, fueron posteriormente
ocupadas o inscriptas por los herederos o causahabientes del donante. Los vecinos de dicha villa
o ciudad que posean edificios u ocupen solares en la parte urbanizada, podrán obtener de la
entidad expropiadora que se les trasmita el dominio y posesión de los solares o parcela que
ocupen, mediante el pago del precio proporcional que le corresponda.
Disposiciones Transitorias a la Sección Segunda del Título VI
Primera.- El Consejo de Ministros acordará las leyes y disposiciones necesarias para la
formación del Catastro Nacional y para terminar la medición exacta del territorio nacional para
la realización de los estudios topográficos.
Segunda.- El Estado repartirá las tierras de su propiedad que no necesite para sus propios fines
en forma equitativa y proporcional, atendiendo a la condición de padre o cabeza de familia, y
dando preferencia a quien la venga laborando directamente por cualquier título. En ningún caso
el Estado podrá dar a una sola familia tierras que tengan un valor superior a $8.000,00.
Título Séptimo.
Del Sufragio y de los Oficios Públicos
Sección Primera. Sufragio
Artículo 97.- Se establece para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el
sufragio universal, igualitario y secreto. Esta función será obligatoria, y todo el que, salvo
impedimento admitido por la ley, dejare de votar en una elección o referendo, será objeto de las
sanciones que la Ley le imponga y carecerá de capacidad para ocupar magistratura o cargo
público alguno durante dos años, a partir de la fecha de la infracción.
Artículo 98.- Por medio del referendo el pueblo expresa su opinión sobre las cuestiones que se
le someta. En toda elección o referendo decidirá la mayoría de los votos válidamente emitidos,
salvo las excepciones establecidas en esta Ley Fundamental. El resultado se hará público de
modo oficial, tan pronto como lo conozca el organismo competente. El voto se contará única y
exclusivamente a la persona a cuyo favor se haya depositado, sin que pueda acumulársele a otro
candidato. Además, en los casos de representación proporcional, se contará el sufragio emitido a
favor del candidato para determinar el factor de partido.
Artículo 99.- Son electores todos los cubanos, de uno u otro sexo, mayores de veinte años, con
excepción de los siguientes:
a) Los asilados;
b) Los incapacitados mentalmente, previa declaración judicial de su incapacidad;
c) Los individuos pertenecientes a las fuerzas armadas o de policía, que estén en servicio activo.
Artículo 100.- El Código Electoral establecerá el carné de identidad, con la fotografía del
elector, su firma y huellas digitales, y los demás requisitos necesarios para la mejor
identificación.
Artículo 101.- Es punible toda forma de coacción para obligar a un ciudadano a afiliarse, votar o
manifestar su voluntad en cualquier operación electoral. Se castigará esta infracción y se
aplicará el duplo de la pena, además de imponerse la de inhabilitación permanente para el
desempeño de cargos públicos, cuando la coacción la ejecute por sí o por persona intermedia,
una autoridad o su agente, funcionario o empleado.
Artículo 102.- Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas. No podrán, sin
embargo formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase. Para la constitución de nuevos
partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número
de adhesiones igual o mayor al dos por ciento, del censo electoral correspondiente, según se
trate de partidos nacionales, provinciales o municipales. El partido que en una elección general
o especial no obtenga un número de votos que represente dicho tanto por ciento desaparecerá
como tal y se procederá de oficio a tacharlo del Registro de Partidos. Sólo podrán presentar
candidatura los partidos políticos, que teniendo un número de afiliados no menor que el fijado
en este Artículo se hayan organizado o reorganizado, según los casos, antes de la elección. Los
partidos políticos se reorganizarán en un solo día, seis meses antes de cada elección presidencial
o de gobernadores y de alcaldes o concejales, o para delegados a una Convención Constituyente.
El Tribunal Superior Electoral tachará, de oficio, del Registro de Partidos los que en tal
oportunidad no se reorganizaren. Las asambleas de los partidos conservarán todas sus facultades
y no podrán disolverse sino mediante reorganización legal. En todo caso, serán los únicos
organismos encargados de acordar postulaciones, sin que en ningún caso pueda delegarse esta
facultad.
Artículo 103.- La Ley establecerá reglas y procedimientos que garanticen la intervención de las
minorías en la formación del censo de electores, en la organización y reorganización de las
asociaciones y partidos políticos y en las demás operaciones electorales; y les asegurará
representación en los organismos electivos del Estado, la Provincia y el Municipio.
Artículo 104.- Son nulas todas aquellas disposiciones modificativas de la legislación electoral
que sean dictadas después de haberse convocado a una elección o referendo, o antes de que
tomen posesión los que resulten electos o se conozca el resultado definitivo del referendo. Se
exceptúan de esta prohibición aquellas modificaciones que fueren pedidas expresamente por el
Tribunal Superior Electoral y se acordaren por las dos terceras partes del Consejo de Ministros.
Desde la convocatoria a elecciones hasta la toma de posesión de los electos, el Tribunal
Superior Electoral tendrá jurisdicción sobre las fuerzas armadas y sobre los cuerpos de policía,
al solo objeto de garantizar la pureza de la función electoral.
Disposición Transitoria al Título Séptimo
Sección Primera
Única.- No será de aplicación el Artículo 97 de esta Ley Fundamental a las personas a que se
contrae la Disposición Transitoria Quinta del Título Cuarto de esta Ley Fundamental.
Sección Segunda.
Oficios Públicos
Artículo 105.- Son funcionarios, empleados y obreros públicos los que, previa demostración de
capacidad y cumplimiento de los demás requisitos y formalidades establecidas por la ley, sean
designados por autoridad competente para el desempeño de funciones o servicios públicos y
perciban o no, sueldo o jornal con cargo a los presupuestos del Estado, la Provincia o el
Municipio, o de entidades autónomas.
Artículo 106.- Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles de todos los poderes del
Estado, los de la Provincia, del Municipio y de las entidades o corporaciones autónomas, son
servidores exclusivamente de los intereses generales de la República y su inamovilidad se
garantiza por esta Ley Fundamental, con excepción de los que desempeñen cargos políticos y de
confianza.
Artículo 107.- Son cargos políticos y de confianza:
a) Los Ministros y Subsecretarios de Despacho; los Embajadores, Enviados Extraordinarios y
Ministros Plenipotenciarios y los Directores Generales, estos en los casos en que la Ley no los
declare técnicos;
b) Todo el personal adscrito a la oficina particular inmediata de los Ministros y Subsecretarios
de Despacho;
c) Los Secretarios Particulares de los funcionarios;
d) Los Secretarios de las Administraciones Provinciales y Municipales, los Jefes de
Departamento de estos organismos, y el personal adscrito a la oficina particular inmediata de los
Gobernadores y Alcaldes;
e) Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles nombrados con carácter temporal con
cargo a consignaciones ocasionales, cuya duración no alcance al año fiscal.
Artículo 108.- El ingreso y el ascenso en los cargos públicos no exceptuados en el Artículo
anterior, sólo podrán obtenerse después que los aspirantes hayan cumplido los requisitos, y
sufrido, en concurso de méritos, las pruebas de idoneidad y de capacidad, que la ley establecerá,
salvo en aquellos casos que, por la naturaleza de las funciones de que se trate, sean declarados
exentos por la Ley.
Artículo 109.- No se podrán imponer sanciones administrativas a los funcionarios, empleados y
obreros públicos sin previa formación de expediente, instruido con audiencia del interesado y
con los recursos que establezca la Ley. El procedimiento deberá ser siempre sumario.
Artículo 110.- El funcionario, empleado u obrero público que sustituya al que haya sido
removido de su cargo, se considerará sustituto provisional mientras no sea resuelta
definitivamente la situación del sustituido, y sólo podrá invocar, en su caso, los derechos que le
correspondan en el cargo de que proceda.
Artículo 111.- Las excedencias forzosas sólo podrán decretarse por refundición o supresión de
plazas, respetando la antigüedad de quienes las desempeñen. Los excedentes tendrán derecho
preferente a ocupar, por orden de antigüedad, cargo de iguales o análogas funciones que se
establecieren o vacaren en la misma categoría, o en la inmediata inferior.
Artículo 112.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo retribuido, directa o
indirectamente, del Estado, la Provincia, el Municipio o las entidades o corporaciones
autónomas, con excepción de los casos que señala esta Ley Fundamental. Las pensiones o
jubilaciones del Estado, la Provincia y el Municipio son supletorias de las necesidades de sus
beneficiarios. Los que tengan bienes de fortuna propios, sólo podrán percibir la parte de la
pensión o jubilación que sea necesaria para que, sumada a los ingresos propios, no exceda del
máximo de pensión que la Ley fijará. Igual criterio se aplicará para la percepción de más de una
pensión. Nadie podrá percibir efectivamente, por concepto alguno, pensión, jubilación o retiro
de más de $4.800,00 al año y la escala por que se abonen será unificada y extensiva a todos los
pensionados y jubilados. Las personas que hoy disfrutan pensiones, retiros o jubilaciones
mayores de $4.800,00 pesos anuales, no recibirán efectivamente mayor cantidad anual. Como
homenaje de la República a sus libertadores, quedan exceptuados de lo dispuesto en los párrafos
anteriores los miembros del Ejército Libertador de Cuba, sus viudas e hijos con derecho a
pensión.
Artículo 113.- Será obligación del Estado el pago mensual de las jubilaciones y pensiones por
servicios prestados al Estado, la Provincia y el Municipio, en la proporción que permita la
situación Tesoro Público y que en ningún caso será menor del cincuenta por ciento de la cuantía
básica legal. Las cantidades para jubilaciones y pensiones se consignarán cada año en el
presupuesto general de la nación. Ninguna pensión o jubilación será menor de la cantidad que
como jornal mínimo se halle vigente a virtud de lo establecido en el Artículo sesenta y uno de
esta Ley Fundamental. Las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados del Estado,
la Provincia y el Municipio, comprendidas en la Ley General de Pensiones que rija, se pagarán
en la misma oportunidad que sus haberes a los funcionarios y empleados en activo servicio,
quedando el Estado, la Provincia y el Municipio obligados, en su caso, a arbitrar los recursos
necesarios para atender a esta obligación. El pago de las pensiones a Veteranos de la guerra de
Independencia y a sus familiares, se considerara preferente a toda otra obligación del Estado.
Artículo 114.- El ingreso en la carrera notarial y en el cuerpo de Registradores de la Propiedad
será por oposición regulada por la Ley.
Artículo 115.- La acumulación y manejo de los fondos de los retiros sociales podrán ser
independientes en la forma que determine la ley, pero el Consejo de Ministros dictará una Ley
estableciendo las normas de carácter general por las que se regirán todas las jubilaciones y
pensiones existentes, o que se creen en el futuro, en lo que se refiere a beneficios,
contribuciones, requisitos mínimos y garantías.
Artículo 116.- Para resolver las cuestiones relativas a los servicios públicos, se creará un
organismo de carácter autónomo que se denominará Tribunal de Oficios Públicos y que estará
integrado por siete miembros designados en la siguiente forma:
-Uno, por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, y que deberá reunir las mismas
condiciones requeridas para ser Magistrado de dicho Tribunal;
-Uno, designado por el Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, y
que deberá tener reconocida experiencia en cuestiones administrativas;
-Uno, designado por el Consejo de Ministros que deberá poseer título académico expedido por
entidad oficial;
-Uno, designado por el Consejo Universitario, previa la terna elevada al efecto por la Facultad
de Ciencias Sociales, de la cual deberá ser graduado;
-Uno, por los empleados del Estado;
-Uno, por los del Municipio;
-Los tres últimos miembros deberán tener reconocida experiencia en las ramas respectivas.
La resolución que dicte el Tribunal de Oficios Públicos causará estado y será de inmediato
cumplimiento sin perjuicio de los recursos que la ley establezca.
Artículo 117.- La Ley establecerá las sanciones correspondientes a quienes infrinjan los
preceptos contenidos en esta Sección.
Disposiciones Transitorias a la Sección Segunda del Título Séptimo
Primera.- El Consejo de Ministros aprobará y el Gobierno pondrá en vigor las leyes necesarias
para la implantación de la carrera Administrativa ajustándolas a las normas contenidas en los
Artículos correspondientes a la Sección de Oficios Públicos y en estas Disposiciones
Transitorias, y a las demás que se estimen convenientes siempre que no modifiquen, restrinjan o
adulteren las establecidas en esta Ley Fundamental.
Segunda.- La inamovilidad que garantiza esta Ley Fundamental entrará en vigor previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos y condiciones que se establezcan en la Ley que dicte el
Consejo de Ministros, las cuales comprenderán a todos los funcionarios, empleados y obreros
civiles del Estado, la Provincia y el Municipio, con la sola excepción de aquellos funcionarios,
empleados u obreros que acrediten llevar más de veinte años en servicios en la Administración
Pública.
Tercera.- La inamovilidad reconocida por la legislación vigente se entiende suspendida en la
forma y por el término señalados en la Reforma Constitucional de fecha 13 de enero de 1959,
promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de 14 del propio mes y año.
Cuarta.- Se reconoce el derecho que asiste a los miembros del disuelto Ejército Nacional y de la
Policía Nacional, que estando en servicio activo el día cuatro de septiembre de mil novecientos
treinta y tres, no continuaron en las filas, al disfrute de una pensión de retiro, que se concederá a
ellos y a los herederos cuyo derecho reconozca la Ley, en la forma y cuantía que ésta determine
y que no podrá ser nunca inferior en su ascendencia a la actualmente establecida. Se reconoce
también este derecho a los que, habiendo estado disfrutando del retiro, lo hubieran perdido,
siempre que ello no fuere por resolución de los Tribunales de Justicia. La Ley regulará esta
disposición.
Título Octavo.
De los Órganos del Estado
Artículo 118.- El Estado ejerce sus funciones por medio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial y los organismos reconocidos en la Ley Fundamental que conforme a la misma se
establezcan por la Ley. Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones
propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado
Título Noveno.
Del Poder
Sección Primera
Artículo 119.- El Poder Legislativo se ejerce por el Consejo de Ministros
Sección Segunda.
De las Atribuciones del Consejo de Ministros
Artículo 120.- Son atribuciones propias del Consejo de Ministros las siguientes:
a) Aprobar los nombramientos que haga el Presidente de la República de los Jefes de Misión
Diplomática permanente y de los demás funcionarios cuyo nombramiento requiera su
aprobación según la Ley;
b) Autorizar a los cubanos para servir militarmente a un país extranjero o para aceptar de otro
Gobierno empleos u honores que lleven aparejadas autoridad o jurisdicción propia;
c) Aprobar los tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones;
d) Las demás facultades que emanen de esta Ley Fundamental
Sección Tercera.
De las Atribuciones no delegables del Consejo de Ministros como Órgano Legislativo
Artículo 121.- Son facultades no delegables del Consejo de Ministros como Órgano Legislativo:
a) Formar los códigos y las leyes de carácter general; determinar el régimen de las elecciones;
dictar las disposiciones relativas a la administración general, la provincial y la municipal, y
acordar las demás leyes y resoluciones que estimare convenientes sobre cualesquiera otros
asuntos de interés público o que sean necesarios para la efectividad de esta Ley Fundamental;
b) Establecer las contribuciones e impuestos de carácter nacional que sean necesarios para las
atenciones del Estado;
c) Discutir y aprobar los presupuestos de gastos, inversiones e ingresos del Estado;
d) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de Cuentas presente acerca de la
liquidación de los presupuestos, el estado de la deuda pública y la moneda nacional;
e) Acordar empréstitos y autorizar, asimismo, la prestación de garantía estatal para las
operaciones de crédito;
f) Acordar lo pertinente sobre la acuñación de la moneda, determinando su patrón, ley, valor y
denominación y resolver lo que estime necesario sobre la emisión de signos fiduciarios y sobre
el régimen bancario y financiero;
g) Regular el sistema de pesas y medidas;
h) Dictar disposiciones para el régimen y fomento del comercio interior y exterior de la
agricultura y la industria, seguros del trabajo y vejez, maternidad y desempleo;
i) Regular los servicios de comunicaciones, atendiendo al régimen de los ferrocarriles, caminos,
canales y puertos y al tránsito por vía terrestre, aérea y marítima, creando los que exija la
conveniencia pública;
j) Fijar las reglas y procedimientos para obtener la naturalización y regular el régimen de los
extranjeros;
k) Conceder amnistías de acuerdo con esta Ley Fundamental. Las amnistías para delitos
comunes sólo podrán ser acordadas por el voto favorable de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo de Ministros y ratificadas por el mismo número de votos en tres sesiones
consecutivas de dicho Consejo. Las amnistías de delitos políticos requieren igual votación
extraordinaria, si en relación con los mismos se hubiere cometido homicidio o asesinato. No
podrán concederse amnistías de delitos dolosos cometidos por funcionarios o empleados
públicos en el ejercicio de sus cargos ni de delitos electorales y contra los derechos individuales
que garantiza esta Ley Fundamental;
l) Fijar el cuerpo de las fuerzas armadas y acordar su organización;
m) Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz que el Presidente de la República haya
negociado;
n) Acordar todas las leyes que dispone esta Ley Fundamental y las que desenvuelven los
principios contenidos en sus normas.
Sección Cuarta.
De la Iniciativa y Formación de las Leyes de su Sanción y Promulgación
Artículo 122.- La iniciativa de las leyes compete:
a) A los miembros del Consejo de Ministros;
b) Al Presidente de la República;
c) Al Tribunal Supremo, en materia relativa a la administración de justicia;
d) Al Tribunal Superior Electoral, en materia de su competencia y jurisdicción;
e) Al Tribunal de Cuentas en asuntos de su competencia y jurisdicción. A los ciudadanos. En
este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa 10000 ciudadanos, por lo
menos, que tengan la condición de electores. Toda iniciativa legislativa se formulará como
proposición de ley y será elevada al Consejo de Ministros.
Artículo 123.- Las leyes se clasificarán en ordinarias y extraordinarias. Son leyes extraordinarias
las que se indican como tales en la Ley Fundamental, las orgánicas y cualesquiera otras a las
que el Consejo de Ministros dé este carácter. Son leyes ordinarias todas las demás. Las leyes
extraordinarias necesitan para su aprobación los votos favorables de la mitad más uno de los
componentes del Consejo de Ministros. Las leyes ordinarias sólo requerirán los votos favorables
de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión en que se aprueben.
Artículo 124.- El Presidente de la República dentro de los diez días siguientes a la aprobación
de un proyecto de ley por el Consejo de Ministros sancionará y promulgará la ley o la devolverá
con las objeciones que considere oportunas a dicho Consejo de Ministros. Recibido el proyecto
por el Consejo de Ministros, éste lo discutirá nuevamente y si las dos terceras partes del número
total de sus miembros votasen en favor del proyecto éste será Ley. En todos estos casos las
votaciones serán nominales. Si dentro del término a que se refiere el párrafo primero de este
Artículo el Presidente no devolviese el proyecto de ley, se tendrá por sancionado y será Ley.
Toda Ley será promulgada dentro de los diez días siguientes al de su sanción.
Título Décimo.
Del Poder Ejecutivo
Sección Primera.
Del Ejercicio del Poder Ejecutivo
Artículo 125.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y representa a la Nación. El
Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República de acuerdo con lo establecido en esta
Ley Fundamental.
Sección Segunda.
Del Presidente de la República, sus Atribuciones y Deberes
Artículo 126.- Para ser Presidente de la República se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento, pero si esta condición resultare de lo dispuesto en el inciso d) del
Artículo doce de esta Ley Fundamental será necesario haber servido en Cuba, en sus guerras de
independencia, diez años por lo menos;
b) Haber cumplido treinta años de edad;
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;
d) No haber pertenecido en servicio activo a las fuerzas armadas de la República durante los seis
meses anteriores a la fecha de su designación como candidato presidencial.
Artículo 127.- El que haya ocupado una vez el cargo de Presidente no podrá desempeñarlo
nuevamente hasta ocho años después de haber cesado en el mismo.
Artículo 128.- El Presidente de la República jurará ante el pueblo, al tomar posesión de su
cargo, desempeñarlo fielmente cumpliendo y haciendo cumplir la Ley Fundamental y las leyes.
Artículo 129.- Corresponde al Presidente de la República:
a) Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere
hecho el Consejo de Ministros, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas y expedir
los decretos y las órdenes que para este fin y para cuanto incumba al gobierno y administración
del Estado, fuere conveniente, sin contravenir, en ningún caso, lo establecido en las leyes;
b) Recomendar o iniciar la adaptación de las leyes y resoluciones que considere necesarias o
útiles;
c) Presentar al Consejo de Ministros, sesenta días antes de la fecha en que debe comenzar a
regir, el proyecto de presupuesto anual;
d) Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar Tratados con las otras naciones, debiendo
someterlos a la aprobación del Consejo de Ministros, sin cuyo requisito no tendrán validez ni
obligarán a la República;
e) Nombrar, con la aprobación del Consejo de Ministros, al Presidente, Presidentes de Sala y
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma que dispone esta Ley Fundamental
así como a los jefes de misiones diplomáticas;
f) Nombrar, para el desempeño de los demás cargos instituidos por la Ley, a los funcionarios
correspondientes cuya designación no esté atribuida a otras autoridades;
g) Suspender el ejercicio de los derechos que se enumeran en el Artículo cuarenta y uno de esta
Ley Fundamental, en los casos y en la forma que en la misma se establece;
h) Conceder indultos con arreglo a lo que prescriban la Ley Fundamental y la Ley, excepto
cuando se trate de delitos electorales dolosos. Para indultar a los funcionarios y empleados
públicos sancionados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, será necesario que
éstos hubiesen cumplido por lo menos la tercera parte de la sanción que le fuera impuesta por
los Tribunales;
i) Recibir a los representantes diplomáticos y admitir a los agentes consulares de las otras
naciones;
j) Disponer de las fuerzas armadas de la República, como jefe supremo de las mismas;
k) Proveer a la defensa del territorio nacional y a la conservación del orden interior, dando
cuenta al Consejo de Ministros;
l) Cumplir y hacer cumplir cuantas reglas, órdenes y disposiciones acuerde y dicte el Tribunal
Superior Electoral;
m) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno; sustituirlos en las oportunidades
que proceda de acuerdo con esta Ley Fundamental y suscribir en su caso los acuerdos del
Consejo de Ministros;
n) Ejercer las demás atribuciones que le confieran expresamente la Ley Fundamental y la Ley.
Artículo 130.- Todos los decretos, órdenes y resoluciones del Presidente de la República habrán
de ser refrendados por el Ministro correspondiente, sin cuyo requisito carecerán de fuerza
obligatoria. No será necesario este refrendo en los casos de nombramiento de Ministros de
Gobierno.
Artículo 131.- El Presidente no podrá salir del territorio de la República sin autorización del
Consejo de Ministros.
Artículo 132.- El Presidente será responsable ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia por
los delitos de carácter común que cometiere durante el ejercicio de su cargo, pero no podrá ser
procesado sin previa autorización del Consejo de Ministros, acordada por el voto favorable de
las dos terceras partes de sus miembros. En este caso, el Tribunal resolverá si procede
suspenderlo en sus funciones hasta que recaiga sentencia. Asimismo el Presidente será
responsable ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia por los delitos contra la seguridad
exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de
infracción de los preceptos constitucionales.
Artículo 133.- El Presidente recibirá del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo
tiempo; pero esta alteración no surtirá efecto sino en los períodos presidenciales siguientes a
aquél que se acordare.
Artículo 134.- En caso de ausencia, incapacidad o muerte del Presidente de la República, le
sustituirá temporal o definitivamente, según el caso, la persona que designe el Consejo de
Ministros por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.
Título Onceno.
Del Consejo de Ministros
Artículo 135.- Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la República estará asistido
de un Consejo de Ministros, integrado por el número de miembros que determine la ley. Uno de
estos Ministros tendrá la categoría de primer Ministro por designación del Presidente de la
República y podrá desempeñar el cargo con o sin cartera.
Artículo 136.- Para ser Ministro se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento;
b) Haber cumplido veinticinco años de edad;
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;
d) No tener negocios con el Estado, la Provincia o el Municipio.
Artículo 137.- Cada Ministro tendrá uno o más Subsecretarios que lo sustituirán en los casos de
ausencia o falta temporal.
Artículo 138.- El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República. Cuando
el Presidente no asista a las sesiones del Consejo, lo presidirá el Primer Ministro.
Artículo 139.- El Consejo de Ministros tendrá un Secretario encargado de levantar las actas del
Consejo, certificar sus acuerdos y atender al despacho de los asuntos de la Presidencia de la
República y del Consejo de Ministros.
Artículo 140.- Los Ministros tendrán a su cargo el despacho de sus respectivos ministerios y
deliberarán y resolverán sobre todas las cuestiones de interés general que no estén atribuidas a
otras dependencias o autoridades y ejercerán las facultades que les correspondan con arreglo a la
Ley Fundamental y la Ley.
Artículo 141.- Los acuerdos del Consejo de Ministros se tomarán por mayoría de votos en
sesiones a las que concurra la mitad más uno de los Ministros, con excepción de aquellos casos
en que esta Ley Fundamental requiera una votación distinta.
Artículo 142.- Los Ministros de Gobierno serán personalmente responsables de los actos que
refrenden y solidariamente de los que juntos acuerden o autoricen.
Artículo 143.- El Primer Ministro y los Ministros de Gobierno son criminalmente responsables
ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia de los delitos comunes que cometieren.
Artículo 144.- Todos los Ministerios funcionarán como organismos técnicos, siguiendo la
orientación política del Gobierno.
Artículo 145.- El Primer Ministro y los ministros de Gobierno jurarán o prometerán ante el
Presidente de la República cumplir fielmente los deberes inherentes a sus cargos, así como
observar y hacer cumplir la Ley Fundamental y las demás leyes de la República.
Artículo 146.- Corresponderá al primer Ministro despachar con el Presidente de la República los
asuntos de la política general del Gobierno y acompañado de los ministros los asuntos de los
respectivos departamentos.
Artículo 147. Son atribuciones de los Ministros:
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Fundamental, las leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos
y demás resoluciones y disposiciones;
b) Redactar proyectos de ley, reglamentos, decretos y cualesquiera otras resoluciones y
presentarlos a la consideración del Gobierno;
c) Refrendar, conjuntamente con el Primer Ministro, las leyes y demás documentos autorizados
con la firma del Presidente de la República, salvo los decretos de nombramientos o separación
de Ministros.
Título Duodécimo.
Del Poder Judicial
Sección Primera.
Disposiciones Generales
Artículo 148.- La justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensación será gratuita en
todo el territorio nacional. Los Jueces y Fiscales son independientes en el ejercicio de sus
funciones y no deben obediencia más que a la Ley. Sólo podrá administrarse justicia por
quienes pertenezcan permanentemente al Poder Judicial. Ningún miembro de este Poder podrá
ejercer otra profesión. Los Registros del Estado Civil estarán a cargo de miembros del Poder
Judicial.
Artículo 149.- El Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal
Superior Electoral y los demás Tribunales y Jueces que la Ley establezca. Ella regulará la
organización de los tribunales, sus facultades, el modo de ejercerla y las condiciones que habrán
de concurrir en los funcionarios que los integren.
Sección Segunda.
Del Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 150.- El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de las Salas que la Ley determine.
Una de estas Salas constituirá el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Cuando
conozca de asuntos constitucionales será presidida necesariamente por el Presidente del
Tribunal Supremo y no podrá estar integrada por menos de quince Magistrados.
Artículo 151.- Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento;
b) Haber cumplido treinta años de edad;
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena
aflictiva por delito común;
d) Reunir, además, algunas de las circunstancias siguientes; haber ejercido en Cuba durante
cinco años, por lo menos, la profesión de abogado; o haber desempeñado, por igual tiempo
funciones judiciales o fiscales o explicado, durante el mismo número de años, una Cátedra de
Derecho en establecimiento oficial de enseñanza. A los efectos del párrafo anterior podrán
sumarse los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales o
fiscales.
Artículo 152.- El Tribunal Supremo de Justicia tendrá además de las atribuciones que esta Ley
Fundamental y la Ley le señalen, las siguientes:
a) Conocer los recursos de casación;
b) Dirimir las cuestiones de competencia entre los tribunales que le sean inmediatamente
inferiores o no tengan superior común y las que se susciten entre las autoridades judiciales y las
de otros órdenes de Estado, la Provincia y el Municipio;
c) Conocer de los juicios en que litiguen entre sí el Estado, la Provincia y el Municipio;
d) Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de cualquier organismo, autoridad o funcionario;
e) Decidir, en última instancia, sobre la suspensión o destitución de los gobernantes locales y
provinciales conforme a lo dispuesto por esta Ley Fundamental y la Ley;
f) Juzgar al Presidente de la República cuando fuere acusado de delito contra la seguridad
exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial, o de
infracción de los preceptos constitucionales;
g) Juzgar a los Ministros del Gobierno cuando fueren acusados de delitos contra la seguridad
exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de
infracción de los preceptos constitucionales, así como cualquier otro delito de carácter político
que la Ley determine.
Artículo 153.- Se instituye la carrera judicial. El ingreso en la misma se hará mediante ejercicios
de oposición exceptuándose los magistrados del Tribunal Supremo.
Artículo 154.- Para los nombramientos de Magistrados de Audiencia se observarán tres turnos:
-El primero, en concepto de ascenso, por rigurosa antigüedad en la categoría inferior;
-El segundo, mediante concurso entre los que ocupen la categoría inmediata inferior; y,
-El tercero, mediante ejercicios -teóricos y prácticos- de oposición, a los que podrán concurrir,
tanto funcionarios judiciales y fiscales como abogados, no mayores de sesenta años. Los
abogados en ejercicio deberán reunir los demás requisitos exigidos para poder ser nombrados
Magistrados del Tribunal Supremo.
Artículo 155.- Los nombramientos de Jueces se harán en dos turnos:
-Uno por rigurosa antigüedad en la categoría inferior; y,
-Otro por concurso, en el que podrán tomar parte funcionarios de la misma y de la inferior
categoría.
En el primer turno a que se refiere este Artículo y el anterior, la vacante será provista por
traslado si hubiere funcionario de igual categoría que así lo solicitare, reservándose el ingreso o
el ascenso para las plazas que en definitiva queden disponibles en la categoría.
Artículo 156.- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo determinará, clasificará y publicará
los méritos que hayan de ser reconocidos a los funcionarios judiciales de cada categoría para el
turno de ascenso.
Artículo 157.- En los casos de concurso, los traslados y ascensos se otorgarán forzosamente al
funcionario solicitante, de la propia categoría o de la inmediata inferior, que mayor puntuación
hubiese obtenido. El Tribunal Supremo establecerá la pauta de puntuación por categoría,
rectificándola semestralmente en consideración exclusiva a la capacidad, actuación, mérito y
producción jurídica de cada funcionario.
Artículo 158.- Los Magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente de la
República de una terna propuesta por un colegio electoral de nueve miembros. Éstos serán
designados:
-Cuatro por el pleno del Tribunal Supremo, de su propio seno;
-Tres por el Presidente de la República; y,
-Dos por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana;
-Los cinco últimos deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal
Supremo y los designados por la Facultad de Derecho no podrán pertenecer a la misma. El
Colegio se forma para cada designación, y sus componentes que no sean magistrados no podrán
volver a formar parte del mismo, sino transcurridos cuatro años. El Presidente del Tribunal
Supremo y los Presidentes de Sala serán nombrados por el Presidente de la República a
propuesta del pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los de Magistrados del Tribunal
Supremo deberán recibir la aprobación del Consejo de Ministros.
La terna a que se refiere el párrafo primero de este Artículo comprenderá por lo menos, si lo
hubiere, a un funcionario judicial en activo servicio que haya desempeñado esas funciones
durante diez años como mínimo.
Artículo 159.- Los nombramientos, ascensos, traslados, permutas, suspensiones, correcciones,
jubilaciones, licencias y supresiones de plazas se harán por una Sala de Gobierno especial,
integrada por el Presidente del Tribunal Supremo y por seis miembros del mismo, elegidos
anualmente entre los Presidentes de Sala y Magistrados de dicho Tribunal. No se puede formar
parte de esta Sala de Gobierno dos años sucesivos. Todas las plazas de nueva creación serán
cubiertas conforme a las disposiciones de esta Ley Fundamental. La facultad reglamentaria, en
cuanto afecte al orden interno de los Tribunales, se ejercerá por la Sala del Gobierno del
Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Disposición Transitoria a la Sección Segunda del Título Duodécimo
Única.- Las personas designadas al amparo y durante el término de suspensión de la
inamovilidad judicial y la del Ministerio Fiscal de fecha de 10 de enero de 1959, acordada por el
Consejo de Ministros, y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 13 de enero del
presente año, podrán continuar en el desempeño de sus cargos aunque no reúnan los requisitos
de edad mínima y de tiempo mínimo de ejercicio profesional que requiere esta Ley
Fundamental.
Sección Tercera.
Del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales
Artículo 160.- El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer
de los siguientes asuntos:
a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o
actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en
esta Ley Fundamental o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado;
b) Las consultas de jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos- leyes y
demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio;
c) Los recursos de Hábeas Corpus, por vía de apelación, o cuando haya sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades o tribunales;
d) La validez del procedimiento y de las reformas constitucionales;
e) Las cuestiones jurídico-políticas y las de legislación social que esta Ley Fundamental y la ley
sometan a su consideración;
f) Los recursos contra los abusos de poder.
Artículo 161.- Pueden acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales sin
necesidad de prestar fianza:
a) El Presidente de la República, los miembros del Consejo de Gobierno, del Consejo de
Ministros, del Tribunal de Cuentas, y los comisionados provinciales y municipales;
b) Los Jueces y Tribunales;
c) El Ministerio Fiscal;
d) Las Universidades;
e) Los organismos autónomos autorizados por la Ley Fundamental o por la Ley;
f) Toda persona individual o colectiva que haya sido afectada por un acto o disposición que
considere inconstitucional. Las personas no comprendidas en algunos de los incisos anteriores
pueden acudir también al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, siempre que
presten la fianza que la ley señale. La Ley establecerá el modo de funcionar el Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales y el procedimiento para sustanciar los recursos que ante el
mismo se interpongan.
Sección Cuarta.
Del Tribunal Superior Electoral
Artículo 162.- El Tribunal Superior Electoral estará formado por tres Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia y dos de la Audiencia de La Habana, nombrados por un período de cuatro
años y por los plenos de sus respectivos tribunales. La presidencia del Tribunal Superior
Electoral corresponde al más antiguo de los tres Magistrados del Tribunal Supremo. Cada uno
de los miembros del Tribunal tendrá dos suplentes, nombrados por el organismo de donde
procedan.
Artículo 163.- Además de las atribuciones que las leyes electorales le confieren, el Tribunal
Superior Electoral queda investido de plenas facultades para garantizar la pureza del sufragio,
fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los censos, elecciones y demás
actos electorales, en la formación y organización de nuevos partidos, reorganización de los
existentes, nominación de candidatos y proclamación de los electos. Le corresponden también:
a) Resolver las reclamaciones electorales que la Ley someta a su jurisdicción y competencia;
b) Dictar las instrucciones generales y especiales necesarias para el cumplimiento de la
legislación electoral;
c) Resolver, en grado de apelación, los recursos sobre la validez o nulidad de una elección y la
proclamación de candidatos;
d) Dictar instrucciones y disposiciones, de cumplimiento obligatorio, a las Fuerzas Armadas y
de Policía para el mantenimiento del orden y de la libertad electoral durante el período de
confección del Censo, el de organización y reorganización de los partidos y el comprendido
entre la convocatoria a elecciones y la terminación de los escrutinios. En caso de grave
alteración del orden público, o cuando el Tribunal estime que no existen suficientes garantías,
podrá acordar la suspensión o la nulidad de todos los actos y operaciones electorales en el
territorio afectado, aunque no estén suspendidas las garantías constitucionales.
Artículo 164.- La Ley organizará los Tribunales Electorales. Para formarlos, podrá utilizar a
funcionarios de la carrera judicial. El conocimiento de las reclamaciones electorales queda
reservado a la jurisdicción electoral. Sin embargo, la Ley determinará los asuntos en que, por
excepción, podrá recurrirse de las resoluciones del Tribunal Superior Electoral, en vía de
apelación, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Artículo 165.- Se crea la carrera administrativa de los empleados y funcionarios electorales,
subordinados a la jurisdicción máxima del Tribunal Superior Electoral; y se declararán
inamovibles los empleados permanentes de las juntas electorales. La retribución fijada a estos
funcionarios y empleados permanentes por el Código Electoral, no podrá ser alterada, sino en
las condiciones y circunstancias establecidas para los funcionarios y empleados judiciales. La
ley no podrá asignar distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría y funciones.
Sección Quinta.
Del Ministerio Fiscal
Artículo 166.- El Ministerio Fiscal representa al pueblo ante la Administración de Justicia y
tiene como finalidad primordial vigilar el cumplimiento de la Ley Fundamental y de la Ley. Los
funcionarios del Ministerio Fiscal serán inamovibles e independientes en sus funciones, con
excepción del Fiscal del Tribunal Supremo que será nombrado y removido libremente por el
Presidente de la República.
Artículo 167.- El ingreso en la carrera fiscal se hará mediante ejercicio de oposición y el
ascenso habrá de realizarse en la forma que para los jueces establece esta Ley Fundamental. Los
nombramientos incluyendo los de las plazas de nueva creación, ascensos, traslados,
suspensiones, correcciones, licencias, separación y jubilación de los funcionarios del Ministerio
Fiscal y la aceptación de sus permutas y renuncias se harán de acuerdo con lo que determine la
Ley.
Artículo 168.- El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia reunirá las condiciones exigidas para
ser Magistrado del Tribunal Supremo; los Tenientes Fiscales del propio Tribunal y los Fiscales
de los demás Tribunales, deberán ser cubanos por nacimiento, haber cumplido veinticinco años
de edad y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Los demás funcionarios del
Ministerio Fiscal reunirán las condiciones que la Ley señala.
Artículo 169.- Cuando el Gobierno litigue o deba personarse en algún procedimiento, lo hará
por medio de abogados del Estado, los cuales formarán un cuerpo cuya organización y
funciones regula la Ley.
Disposición Transitoria a la Sección Quinta del Título Duodécimo
Única.- Lo dispuesto en los Artículos 166 y 167 de esta Ley Fundamental no será de aplicación
durante el período de suspensión del derecho de inamovilidad judicial y del Ministerio Fiscal a
que se contraen las anteriores Disposiciones Transitorias, salvo lo que dispusiere la Ley.
Sección Sexta.
Del Consejo Superior de Defensa Social y de los Tribunales para Menores
Artículo 170.- Habrá un Consejo Superior de Defensa Social que estará encargado de la
ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que impliquen la privación o la limitación de
la libertad individual, así como de la organización, dirección y administración de todos los
establecimientos o instituciones que se requieran para la más eficaz prevención y represión de la
criminalidad. Este organismo, que gozará de autonomía para el ejercicio de sus funciones
técnicas y administrativas, tendrá también a su cargo la concesión y revocación de la libertad
condicional, de acuerdo con la Ley.
Artículo 171.- Se crean los Tribunales para menores de edad. La Ley regulará su organización y
funcionamiento.
Sección Séptima.
De la Inconstitucionalidad
Artículo 172.- La declaración de inconstitucionalidad podrá pedirse:
a) Por los interesados en los juicios, causas o negocios de que conozcan la jurisdicción ordinaria
y las especiales;
b) Por veinticinco ciudadanos que justifiquen su condición de tales;
c) Por la persona a quien afecte la disposición que se estime inconstitucional. Los jueces y
tribunales están obligados a resolver los conflictos entre las leyes vigentes y la Ley
Fundamental, ajustándose al principio de que ésta prevalezca siempre sobre aquéllas. Cuando un
juez o tribunal considere inaplicable cualquier ley, decreto-ley, decreto o disposición porque
estime que viola la Ley Fundamental, suspenderá el procedimiento y elevará el asunto al
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales a fin de que declare o niegue la
constitucionalidad del precepto en cuestión y devuelva el asunto al remitente para que continúe
el procedimiento, dictando las medidas de seguridad que sean pertinentes. En los expedientes
administrativos podrá plantearse el recurso de inconstitucionalidad al acudirse a la vía
contencioso-administrativo. Si las leyes no franquearen esta vía, podrá interponerse el recurso
de inconstitucionalidad directamente contra la resolución administrativa. Los recursos de
inconstitucionalidad, en los casos enumerados en los Artículos ciento cincuenta y dos, incisos
a), b), c), d),y e); ciento sesenta y ciento sesenta y cuatro de esta Ley Fundamental, se
interpondrán directamente ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. En todo
recurso de inconstitucionalidad los Tribunales resolverán siempre el fondo de la reclamación. Si
el recurso adoleciere de algún defecto de forma, concederá un plazo al recurrente para que lo
subsane. No podrá aplicarse, en ningún caso ni forma, una ley, decreto-ley, decreto, reglamento,
orden, disposición o medida que haya sido declarada inconstitucional, bajo pena de
inhabilitación para el desempeño de cargo público. La sentencia en que se declare la
inconstitucionalidad de un precepto legal o de una medida o acuerdo gubernativo, obligará al
organismo, autoridad o un funcionario que haya dictado la disposición anulada, a derogarla
inmediatamente. En todo caso la disposición legislativa o reglamentaria o medida gubernativa
declarada inconstitucional, se considerará nula y sin valor ni efecto desde el día de la
publicación de la sentencia en los estrados del Tribunal.
Artículo 173.- El Tribunal Supremo y el de Garantías Constitucionales y Sociales están
obligados a publicar sin demora sus sentencias en el periodo oficial que corresponda. En el
presupuesto del Poder Judicial se consignará anualmente un crédito para el pago de estas
atenciones
Sección Octava.
De la Jurisdicción e Inamovilidad
Artículo 174.- Los Tribunales ordinarios conocerán de todos los juicios, causas o negocios, sea
cual fuere la jurisdicción a que correspondan con la sola excepción de los originados por los
delitos militares o por hechos ocurridos en el servicio de las armas, los cuales quedarán
sometidos a la jurisdicción militar. Cuando estos delitos se cometan conjuntamente por militares
y por personas no aforadas o cuando una de estas últimas sea víctima del delito, serán de la
competencia de la jurisdicción ordinaria.
Artículo 175.- En ningún caso podrán crearse tribunales, comisiones u organismos a los que se
conceda competencia especial para conocer de hechos, juicios, causas, expedientes, cuestiones o
negocios de las jurisdicciones atribuidas a los tribunales ordinarios.
Artículo 176.- Los Tribunales de las fuerzas de mar y tierra se regirán por una ley orgánica
especial y conocerán únicamente de los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por
sus miembros. En caso de guerra o grave alteración del orden público la jurisdicción militar
conocerá de todos los delitos y faltas cometidos por los militares en el territorio donde exista
realmente el estado de guerra, de acuerdo con la Ley.
Artículo 177.- La responsabilidad civil y criminal en que incurran los jueces, magistrados y
fiscales, en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, será exigible ante el Tribunal
Supremo de Justicia.
Artículo 178.- Los funcionarios judiciales y del ministerio fiscal, abogados de oficio, así como
sus auxiliares y subalternos, son inamovibles. En su virtud, no podrán ser suspendidos ni
separados sino por razón de delito u otra causa grave debidamente acreditada y siempre con
audiencia del inculpado. Estos funcionarios podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus
funciones en cualquier estado del expediente. Cuando en causa criminal un juez, magistrado,
fiscal o abogado de oficio fuere procesado, será suspendido inmediatamente en el ejercicio de
sus funciones. No podrá acordarse el traslado de jueces, magistrados, fiscales o abogados de
oficio, a no ser mediante expediente de corrección disciplinaria o por los motivos de
conveniencia pública que establezca la Ley. No obstante, los funcionarios del Ministerio Fiscal
podrán ser trasladados en casos de vacantes, si lo solicitaren.
Artículo 179.- Los cargos de Secretarios y Auxiliares de la administración de justicia se
cubrirán por turnos alternativos de traslados y ascensos por antigüedad y méritos, determinados
estos últimos, por concurso-oposición en la forma que fije la Ley y de acuerdo con el escalafón
que confeccionará y publicará la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 180.- La Ley establecerá las causales de corrección, traslado y separación, así como la
tramitación de los expedientes respectivos.
Artículo 181.- El cumplimiento de las resoluciones judiciales es ineludible. La Ley establecerá
las garantías necesarias para hacer efectivas estas resoluciones, si a ello resistiesen autoridades,
funcionarios, empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio, o miembros de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 182.- Las sentencias que dicten los Jueces Correccionales, en los casos de delitos, serán
apelables ante el Tribunal que la Ley determine, regulando éste su procedimiento.
Artículo 183.- El Gobierno no tiene potestad para declarar lesiva una resolución firme de los
tribunales. En el caso de que no pueda cumplirla indemnizará al perjudicado en la forma
correspondiente siempre que proceda, solicitando el Consejo de Ministros los créditos
necesarios si no los tuviere.
Artículo 184.- La retribución de los funcionarios y empleados de la administración de justicia,
del Ministerio Fiscal y de los funcionarios y empleados permanentes de los organismos
electorales, no podrá ser alterada sino por una votación de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo de Ministros y en período no menores de cinco años. No podrán
asignarse distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría y funciones. La retribución
que se asigne a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los demás funcionarios del
Poder Judicial deberá ser, en todo caso, adecuada a la importancia y trascendencia de sus
funciones.
Artículo 185.- Ningún miembro del Poder Judicial podrá ser Ministro del Gobierno ni
desempeñar función alguna adscripta a los Poderes Legislativo o Ejecutivo, excepto cuando se
trate de formar parte de comisiones designadas por el Consejo de Ministros para la reforma de
las leyes. Tampoco podrán figurar como candidatos a ningún cargo electivo.
Artículo 186.- La responsabilidad penal y los motivos de separación en que pueda incurrir el
Presidente, Presidentes de Sala, y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se declararán
ajustándose al siguiente procedimiento:
El Consejo de Ministros será el competente para conocer de las denuncias contra dichos
funcionarios. Recibida una denuncia, el Consejo nombrará una comisión para que la estudie, y
ésta elevará su dictamen al Consejo de Ministros. Si por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros, emitido en votación secreta, el Consejo de Ministros considera fundada la denuncia
se abrirá el juicio correspondiente ante un Tribunal que se denominará Gran Jurado, compuesto
por trece miembros designados en la forma que sigue: El Presidente del Tribunal Supremo
remitirá al Consejo de Ministros la relación completa de los miembros de dicho organismo, que
no se encuentren afectados por la acusación. El Rector de la Universidad de la Habana remitirá
al Consejo de Ministros la relación completa de los profesores titulares de su Facultad de
Derecho. El Presidente de la República suministrará al Consejo de Ministros una relación de
cincuenta abogados que reúnan las condiciones requeridas para ser magistrados del Tribunal
Supremo, designados libremente por él. Recibidas estas listas por el Consejo de Ministros, éste
procederá a determinar los componentes del Gran Jurado mediante insaculación. Cinco del
Tribunal Supremo de Justicia. No habiéndolos, o no alcanzado su número, se completará, por el
mismo procedimiento de una lista formada por el Presidente y los Magistrados de la Audiencia
de La Habana, remitida al Presidente del Consejo de Ministros de dicha Audiencia. Cinco
miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; y tres miembros de la
lista de cincuenta abogados. Este Tribunal será presidido por el funcionario judicial de mayor
categoría y en su defecto por el de mayor antigüedad de los que concurran a integrarlo. El
Consejo de Ministros, una vez nombrado el Gran Jurado, le dará traslado de la denuncia para la
tramitación oportuna. Dictado el fallo, el Gran Jurado se disolverá.
Disposición Transitoria a la Sección Octava del Título duodécimo
Única.- Los miembros del Poder Judicial podrán prestar servicios en comisión en los Tribunales
de Jurisdicción Penal Militar, a solicitud del Auditor General del Ejército Revolucionario.
Título Decimotercero.
Del Régimen Municipal
Sección Primera. Disposiciones Generales
Artículo 187.- El Municipio es la sociedad local organizada políticamente por autorización del
Poder Legislativo en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de
vecindad, sobre una base de capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio,
y con personalidad jurídica a todos los efectos legales. La Ley determinará el territorio, el
nombre de cada Municipio y el lugar de residencia de su gobierno.
Artículo 188.- Los Municipios podrán asociarse para fines intermunicipales por acuerdo de sus
respectivos gobiernos. También podrán incorporarse unos municipios a otros, o dividirse para
constituir otros nuevos, o alterar sus límites, por iniciativa popular y con aprobación del
Consejo de Ministros, oído el parecer de sus gobiernos respectivos. Para acordar la segregación
de parte de un Término Municipal y agregarla a otro u otros colindantes, será preciso que lo
solicite, por lo menos, un diez por ciento de los vecinos de la porción de territorio que se trate
de segregar, y que, en una elección de referendo, el sesenta por ciento de los electores de dicha
parte se muestre conforme con la segregación. Si el resultado del referendo fuese favorable a la
solicitud presentada, se elevará el asunto al Consejo de Ministros para su resolución definitiva.
Al señalarse las nuevas demarcaciones de territorio, y practicarse la división de bienes, se
respetará el derecho de propiedad privada del Municipio cedente sobre los bienes que haya
adquirido o constituido en la porción que se le segrega, sin perjuicio de reconocerle al
Municipio que la recibe la parte proporcional que le corresponda por lo que hubiere aportado
para la adquisición o construcción de dichos bienes. Siempre que se trate de la constitución de
un nuevo Municipio, corresponderá al Tribunal de Cuentas informar sobre la capacidad
económica del mismo para el mantenimiento del gobierno propio.
Artículo 189.- El Gobierno Municipal es una entidad con poderes para satisfacer las necesidades
colectivas peculiares de la Sociedad local y es, además, un organismo auxiliar del Poder Central
ejercido por el Estado a través de todo el territorio nacional.
Artículo 190.- El Municipio es autónomo. El Gobierno Municipal queda investido de todos los
poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local. Las facultades de
las cuales no resulte investido el Gobierno Municipal por esta Ley Fundamental, quedan
reservadas al Gobierno Nacional. El Estado podrá suplir la gestión municipal, cuando ésta sea
insuficiente, en caso de epidemia, grave alteración del orden público u otros motivos de interés
general, en la forma que determine la Ley.
Artículo 191.- Corresponde especialmente al Gobierno Municipal:
a) Suministrar todos los servicios públicos locales; comprar, construir y operar empresas de
servicios públicos, o prestar dichos servicios mediante concesión o contrato, con todas las
garantías que establezca la Ley; y adquirir, por expropiación o por compra, para los propósitos
indicados, las propiedades necesarias. También podrán operar empresas de carácter económico;
b) Llevar a cabo mejoras públicas locales y adquirir por compra, de acuerdo con sus dueños o
mediante expropiación las propiedades directamente necesarias para la obra proyectada y las
que conviniere para resarcirse del costo de la misma;
c) Crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas públicas, campos para educación física y
campos recreativos sin perjuicio de lo que la Ley establezca sobre educación; y adoptar y
ejecutar, dentro de los límites del municipio, reglas sanitarias y de vigilancia local, y otras
disposiciones similares que no se opongan a la Ley, así como propender al establecimiento de
cooperativas de producción y de consumo y exposiciones y jardines botánicos y zoológicos,
todo con carácter de servicio público;
d) Nombrar los empleados municipales con arreglo a los que establezcan esta Ley Fundamental
y la Ley;
e) Formar sus presupuestos de gastos e ingresos y establecer los impuestos necesarios para
cubrirlos siempre que éstos sean compatibles con el sistema tributario del Estado. Los
municipios no podrán reducir ni suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al
mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que la reducción o supresión
corresponda a la reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes. Los créditos que
figuren en los presupuestos para gastos serán divididos en doceavas partes y no se pagará
ninguna atención del mes corriente si no han sido liquidadas todas las del anterior;
f) Acordar empréstitos, votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el
pago de sus intereses y amortización. Ningún municipio podrá contraer obligaciones de esta
clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas. En el caso de que se acordaren
nuevos impuestos para el pago de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se
requerirá, además, la votación conforme en una elección de referendo, de la mitad más uno de
los votos emitidos por los electores del término municipal, sin que la votación pueda ser inferior
al treinta por ciento de los mismos;
g) Contraer obligaciones económicas de pago aplazado para costear obras públicas, con el deber
de consignar en los sucesivos presupuestos anuales los créditos necesarios para satisfacerlas, y
siempre que su pago no absorba la capacidad económica del Municipio para prestar los otros
servicios que tiene a su cargo. No podrá ningún Municipio contraer obligaciones de esta clase
sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas;
h) La enumeración de estas facultades, así como cualquiera otra que se haga en la Ley, no
implica una limitación o restricción de las facultades generales concedidas por la Ley
Fundamental al Municipio sino la expresión de una parte de las mismas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo ciento noventa de esta Ley Fundamental. El comercio, las
comunicaciones y el tránsito intermunicipales no podrán ser gravados por el municipio. Queda
prohibido el plagio o la competencia desleal que pudiera resultar de medidas adoptadas por los
Municipios. Los impuestos municipales sobre Artículos de primera necesidad se ajustarán a las
bases que establezca la Ley.
Artículo 192.- Corresponde especialmente al Gobierno Municipal:
a) El pago puntual de sueldos y jornales a los funcionarios y empleados municipales, de acuerdo
con el nivel de vida de la localidad;
b) El sostenimiento de un albergue y casa de asistencia social, un taller de trabajo y una granja
agrícola;
c) El mantenimiento de la vigilancia pública y de un servicio de extinción de incendios;
d) El funcionamiento, por lo menos en la cabecera de una escuela, una biblioteca, un centro de
cultura popular y una casa de socorros médicos.
Artículo 193.- En cada Municipio existirá una Comisión de urbanismo que tendrá la obligación
de trazar el plan de ensanche y embellecimiento de la ciudad y vigilar su ejecución, teniendo en
cuenta las necesidades presentes y futuras del tránsito público, de la higiene, del ornato y del
bienestar común. Dicha Comisión atenderá a todo lo concerniente a la vivienda del trabajador y
propondrá planes de fabricación de casa para obreros campesinos, las cuales podrán ser
adquiridas a largo plazo con el importe de un módico alquiler que restituya al Municipio el
capital invertido. Los Municipios precederán a ejecutar el plan que aprobaren consignado,
obligatoriamente en sus presupuestos, las cantidades necesarias a tal fin, de sus ingresos
ordinarios, sin que puedan ser éstas inferiores al costo de una casa en cada ejercicio económico,
o acudiendo a los medios que les brinda la Ley Fundamental para llevar a cabo obras de esta
naturaleza, en el caso de que sus ingresos ordinarios no fuesen suficientes para ello. Existirá
asimismo una Comisión de caminos vecinales que tendrá la obligación de trazar, construir y
conservar aquellos que, según un plan y régimen previamente acordado, favorezcan la
explotación, el transporte y la distribución de los productos.
Artículo 194.- La Ley determinará la urbanización de los caseríos o poblados contiguos a los
bateyes de los ingenios azucareros o cualquier otra explotación agrícola o industrial de análoga
naturaleza.
Sección Segunda.
Garantías de la Autonomía Municipal
Artículo 195.- Como garantía de la autonomía municipal, queda establecido lo siguiente:
a) Los acuerdos y las resoluciones de los gobernantes locales o de cualquier otra autoridad
municipal no podrán ser suspendidas por el Presidente de la República, los gobernantes
provinciales o por ninguna autoridad gubernativa. Solamente podrán serlo por acuerdo del
Consejo de Ministros previa audiencia de los gobernantes municipales que hubieren dictado la
resolución o acuerdo. También los referidos acuerdos o resoluciones podrán ser impugnados por
las autoridades gubernativas cuando éstas los estimen ilegales, ante los Tribunales de Justicia,
que declararán mediante el procedimiento sumario que establezca la Ley, si las autoridades
municipales los han tomado o no, dentro de la esfera de competencia, de acuerdo con las
facultades concedidas a los mismos por la Ley Fundamental;
b) Ninguna Ley podrá recabar para el Estado, las Provincias u otros organismos o instituciones,
toda o parte de las cantidades que recauden los municipios por concepto de contribuciones,
impuestos y demás medios de obtención de los ingresos municipales;
c) Ninguna Ley podrá declarar de carácter nacional un impuesto o tributo municipal que
constituya una de las fuentes de ingreso del Municipio, sin garantizarle al mismo tiempo
ingresos equivalentes a los nacionalizados;
d) Ninguna Ley podrá obligar a los municipios a ejercer funciones recaudadoras de impuestos
de carácter nacional o provincial, a menos que los organismos interesados en el cobro nombren
los auxiliares necesarios para esa gestión;
e) El Municipio no estará obligado a pagar ningún servicio que esté administrado por él mismo,
salvo que otra cosa hubiere convenido expresamente con el Estado, los particulares u otros
Municipios;
f) Los gobernantes municipales podrán por sí interponer ante el pleno del Tribunal Supremo
recurso de abuso de poder contra toda resolución del Gobierno Nacional o Provincial que, a su
juicio, atente contra la autonomía municipal establecida en esta Ley Fundamental.
Artículo 196.- Como garantía de los habitantes del Término Municipal respecto a sus
gobernantes locales, se dispone lo siguiente:
a) En caso de que las resoluciones o acuerdos de las autoridades u organismos municipales
lesionen algún interés privado o social, el perjudicado o cualquier habitante del Municipio que
considere que el acuerdo o resolución lesiona un interés público, podrá solicitar su nulidad y la
reparación del daño ante los Tribunales de Justicia, mediante un procedimiento sumario
establecido por la Ley. El Municipio responderá subsidiariamente y tendrá el derecho de repetir,
cuando fuere condenado al pago, contra el funcionario culpable de haber ocasionado el daño en
los términos que disponga la Ley;
b) Se exigirá el referendo en la contratación de empréstitos, emisiones de bonos y otras
operaciones de movilización del crédito municipal que, por su cuantía, obliguen al Municipio
que las realiza a la creación de nuevos impuestos para responder al pago de las amortizaciones o
pagos de dichas contrataciones;
c) Se considerará resuelto negativamente lo que se solicite de las autoridades y organismos
municipales cuando la petición o reclamación no fuere resuelta favorablemente dentro del
término fijado por la Ley. Ésta regulará todo lo relativo a la impugnación de tales denegaciones
tácitas y la responsabilidad de los culpables de la demora. La Ley fijará sanciones por la demora
injustificada en la tramitación de las peticiones formuladas por los habitantes del Término
Municipal a las autoridades y organismos municipales.
Artículo 197.- La responsabilidad penal en que incurran los miembros del Gobierno del
Municipio y demás autoridades municipales será exigible ante los Tribunales de Justicia, bien
de oficio, a instancia del Fiscal, o por acción privada. Ésta será popular y podrá ejercitarse sin
constituir fianza, por no menos de veinticinco vecinos del Término Municipal, sin perjuicio de
la responsabilidad que proceda por acusación falsa o calumniosa.
Sección Tercera.
Gobierno Municipal
Artículo 198.- Los Términos Municipales estarán regidos en la forma y mediante los órganos
que acordare el Consejo de Ministros.
Artículo 199.- En los presupuestos municipales se consignarán para atención de los barrios
rurales las cantidades correspondientes de acuerdo con la siguiente escala gradual: En los
barrios rurales que contribuyan de $100 a $1000 el 35% En los barrios rurales que contribuyan
de $1001 a $5000 el 30% En los barrios rurales que contribuyan de $5001 a 10000 el 25% En
los barrios rurales que contribuyan de $10001 en adelante el 20%.
Disposiciones Transitorias al Título Decimotercero
Sección Primera
Única.- El Consejo de Ministros, por medio de una Ley, podrá declarar la nulidad de las
concesiones para la prestación de servicios públicos que hayan otorgado los Municipios a partir
del 10 de marzo de 1952 y hasta el 31 de diciembre de 1958.
Sección Segunda
Única.- Continuarán en vigor las disposiciones legales reguladoras del Gobierno Municipal en
tanto no se opongan a los acuerdos que el Consejo de Ministros adoptare en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 198.
Título Decimocuarto
Sección Única. Del Régimen Provincial
Artículo 200.- La Provincia comprenderán los Municipios situados dentro de su territorio. Cada
provincia estará regida en la forma y mediante los órganos que acordare el Consejo de
Ministros.
Artículo 201.- Las disposiciones sobre hacienda pública contenidas en el Título correspondiente
de esta Ley Fundamental, serán aplicables a la provincia en cuanto sean compatibles con el
régimen de la misma.
Disposición Transitoria al Título Decimocuarto, Sección Única
Única.- Continuarán en vigor las disposiciones legales reguladoras del Gobierno Provincial en
tanto no se opongan a los acuerdos que el Consejo de Ministros adoptare en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 200.
Título Decimoquinto.
Hacienda Nacional
Sección Primera.
De los Bienes y Finanzas del Estado
Artículo 202.- Pertenecen al Estado, además de los bienes de dominio público y de los suyos
propios, todos los existentes en el territorio de la República, que no correspondan a las
provincias o a los municipios, ni sean, individual o colectivamente, de propiedad particular.
Artículo 203.- Los bienes propios o patrimoniales del Estado sólo podrán enajenarse o gravarse
con las siguientes condiciones:
a) Que el Consejo de Ministros lo acuerde en Ley extraordinaria, por razón de necesidad o
conveniencia social; y siempre por las dos terceras partes del número total de sus miembros;
b) Que la venta se realice mediante subasta pública. Si se trata de arrendamiento se procederá
según disponga la Ley;
c) Que se destine el producto a crear trabajo, atender servicios o a satisfacer necesidades
públicas. Podrá, sin embargo, acordarse la enajenación o gravamen en Ley ordinaria y realizarse
sin el requisito de subasta pública, cuando se haga para desarrollar un plan económico-nacional
aprobado en Ley extraordinaria, o cuando el bien propio o patrimonial se traspase a una
universidad oficial para ser utilizado por ella en sus actividades docentes.
Artículo 204.- El Estado no concertará empréstitos sino en virtud de una Ley aprobada por las
dos terceras partes del número total de los miembros del Consejo de Ministros.
Artículo 205.- El Estado garantiza la deuda pública, y en general, toda operación que implique
responsabilidad económica para el Tesoro Nacional, siempre que se hubiere contraído de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Fundamental y en la Ley.
Sección Segunda.
Del Presupuesto
Artículo 206.- Todos los ingresos, gastos e inversiones del Estado, con excepción de los que se
mencionan más adelante, serán previstos y fijados en presupuestos anuales y sólo regirán
durante el año para el cual hayan sido aprobados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los fondos, cajas especiales o patrimonios privados de los organismos autorizados por
la Ley Fundamental o por la Ley, y que estén dedicados a seguros sociales, obras públicas,
fomento de la agricultura y regulación de la actividad industrial, agropecuaria, comercial o
profesional y en general al fomento de la riqueza nacional. Estos fondos o sus impuestos serán
entregados al organismo autónomo y administrados por éste, de acuerdo con la Ley que los haya
creado, sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los gastos del Poder Judicial, los del
Tribunal de Cuentas y los de intereses y amortización de empréstitos, tendrán el carácter de
permanentes y se incluirán necesariamente en los presupuestos.
Artículo 207.- A los efectos de la protección de los intereses comunes y nacionales, dentro de
cualquier rama de la producción, así como de las profesiones, la Ley podrá establecer
asociaciones obligatorias de productores determinando la forma de constitución y
funcionamiento de los organismos nacionales y de los regionales que fueran necesarios, en
forma tal que en todos los momentos estén regidos por la mayoría de sus asociados con
autoridad plena; concediéndoseles asimismo el derecho de subvenir a las necesidades de su
acción organizada, mediante las cuotas que por ministerio de la propia Ley se impongan. Los
presupuestos de estos organismos o cooperativas serán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Artículo 208.- El Consejo de Ministros no podrá incluir en las leyes de presupuestos,
disposiciones que introduzcan reformas legislativas o administrativas de otro orden; ni asignará
a ninguno de los servicios que deben votarse en el presupuesto anual, cantidad mayor de la
indicada en el proyecto de gobierno. Podrá, por medio de leyes, crear nuevos servicios o ampliar
los existentes.
Artículo 209.- El estudio y formación de los presupuestos anuales del Estado corresponde al
Poder Ejecutivo; su aprobación o modificación, al Consejo de Ministros como órgano
legislativo, dentro de los límites establecidos en esta Ley Fundamental. En caso de necesidad
perentoria, el Consejo de Ministros, por medio de una ley, podrá acordar un presupuesto
extraordinario. El Poder Ejecutivo presentará ante el Consejo de Ministros el proyecto de
presupuesto anual, sesenta días antes de la fecha en que deba comenzar a regir. El Presidente de
la República y especialmente el Ministro de Hacienda, incurrirá en la responsabilidad que la
Ley determina si el presupuesto llega al Consejo de Ministros después de la fecha antes fijada.
Si el presupuesto general no fuese votado antes del primer día del año económico en que deba
regir, se entenderá prorrogado, por trimestres, conjuntamente con la Ley de Bases el que haya
venido rigiendo. En este caso, el Poder Ejecutivo no podrá hacer más modificaciones que las
derivadas de gastos ya pagados, o de servicios o gastos no necesarios en el nuevo ejercicio
fiscal. Las atenciones de los prepuestos aprobados serán cubiertas necesariamente por los
ingresos previstos en los mismos, sin que en ningún caso puedan cubrirse con ingresos
extraordinarios, a no ser que lo autorice así una Ley de ese carácter. El presupuesto de gastos,
ingresos e inversiones, será ejecutivo con la sola aprobación del Consejo de Ministros, que lo
hará publicar inmediatamente.
Artículo 210.- Los presupuestos contendrán en la parte de egresos, epígrafes en que se haga
constar:
a) El montante absoluto de las responsabilidades legítimas del Estado, liquidadas y no pagadas,
correspondientes a presupuestos anteriores;
b) La proporción de ese montante que se satisfará con los ingresos correspondientes al nuevo
presupuesto. La Ley de Bases establecerá en cuanto a los incisos anteriores, necesariamente, las
reglas relativas a la forma en que habrá de prorratearse entre los acreedores con créditos
liquidados, la cantidad o cantidades que se fije para pagos durante la vigencia del presupuesto.
Artículo 211.- Los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto fijarán las
cantidades máximas destinadas a cada servicio, que no podrán ser aumentadas ni transferidas
por el Poder Ejecutivo sin autorización previa del Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo
podrá, sin embargo, conceder bajo su responsabilidad y cuando el Consejo de Ministros no esté
reunido, créditos o suplementos de créditos en los siguientes casos:
a) Guerra o peligro inminente de ella;
b) Grave alteración del orden público;
c) Calamidades públicas. La tramitación de estos créditos se determinará por la Ley.
Artículo 212.- El Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir anualmente las cuentas del
Estado. A ese fin, el Ministro de Hacienda liquidará el presupuesto anual dentro de los tres
meses siguientes a su expiración y, previa aprobación por el Consejo de Ministros, enviará su
informe con los datos y comprobantes necesarios, al Tribunal de Cuentas. Éste dictaminará
sobre el informe dentro de los tres meses siguientes y en el plazo, y sin perjuicio de la
efectividad de sus acuerdos, comunicará al Consejo de Ministros y al Poder Ejecutivo las
infracciones o responsabilidades en que a su juicio se haya incurrido. El Consejo de Ministros
será, en definitiva, el que apruebe o rechace las cuentas. Los créditos presupuestados para gastos
imprevistos de la administración sólo podrán ser invertidos, en su caso previo acuerdo del
Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo remitirá al Consejo de Ministros mensualmente los
balances correspondientes a los ingresos y gastos del Estado.
Artículo 213.- El Poder Ejecutivo impedirá la duplicidad de servicios y la multiplicidad de
agencias oficiales o semioficiales dotadas total o parcialmente por el Estado para la realización
de sus fines.
Artículo 214.- Nadie estará obligado al pago de impuestos, tasa o contribución alguna que no
haya sido establecido expresamente por la Ley o por los Municipios, en la forma dispuesta por
esta Ley Fundamental y cuyo importe no vaya a formar parte de los ingresos del presupuesto del
Estado, la Provincia o el Municipio, salvo que se disponga otra cosa en la Ley Fundamental o en
la Ley. No se considerarán comprendidas en la disposición anterior las contribuciones o cuotas
impuestas por la Ley con carácter obligatorio a las personas o entidades integrantes de una
industria, comercio o profesión, en favor de sus organismos reconocidos por la Ley.
Artículo 215.- El Estado, sin perjuicio de los demás medios a su alcance, regulará el fomento de
la riqueza nacional mediante la ejecución de obras públicas pagaderas, en todo o en parte, por
los directamente beneficiados. La Ley determinará la forma y el procedimiento adecuados para
que el Estado, la Provincia o el Municipio, por iniciativa propia o acogiendo la privada,
promuevan la ejecución de tales obras, otorguen las concesiones pertinentes, autoricen la
fijación, el repartimiento y la cobranza de impuestos para esos fines.
Artículo 216.- La liquidación de cada crédito proveniente de fondos del Estado para la ejecución
de cualquier obra o servicio público será publicada íntegramente en la Gaceta Oficial de la
República, tan pronto haya obtenido la superior aprobación del Ministerio correspondiente. El
acta de recepción, ya sea parcial, total, provisional o definitiva, de toda obra pública ejecutada
total o parcialmente con fondos provenientes del Estado será publicada en la Gaceta Oficial de
la República, tan pronto haya obtenido la superior aprobación del Ministerio correspondiente.
Tanto la liquidación de los créditos provenientes de los fondos del Estado, como las recepciones
definitivas de las obras ejecutadas por contrata o administración sufragadas parcial o totalmente
con fondos provenientes del Estado, serán sometidas a la aprobación superior dentro de los
sesenta días naturales después de terminadas las obras, sin perjuicio de las liquidaciones y
recepciones parciales que se consideren procedentes por la Administración durante el proceso
de ejecución de las obras.
Sección Tercera.
Del Tribunal de Cuentas
Artículo 217.- El Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de los ingresos, gastos e
inversiones del Estado, la Provincia y el Municipio, y de las organizaciones autónomas nacidas
al amparo de la Ley que reciban sus ingresos, directa o indirectamente, a través del Estado. El
Tribunal de Cuentas sólo depende de la Ley, y sus conflictos con otros organismos se someterán
a la resolución del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 218.- El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros, cuatro de los cuales
serán abogados y tres contadores públicos o profesores mercantiles. También podrá ser
designado aún sin ser abogado o contador cualquier persona que esté comprendida en el inciso
d) del Artículo siguiente. Los abogados deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para
ser miembros del Tribunal Supremo. Los contadores públicos o profesores mercantiles deberán
ser mayores de treinta años, cubanos por nacimiento y tener no menos de cinco años en el
ejercicio de su profesión. El pleno del Tribunal Supremo designará dos de los abogados que
serán el Presidente y el Secretario del Tribunal. El Presidente de la República designará un
miembro abogado y uno contador público o profesor mercantil. El Consejo Universitario
designará un miembro contador público o profesor mercantil. Los miembros del Tribunal de
Cuentas desempeñarán sus cargos por un período de ocho años y sólo podrán ser separados
dentro de este período por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal
Supremo de Justicia de la República, previo expediente y resolución razonada. Los miembros
del Tribunal de Cuentas no podrán formar parte de ningún otro organismo oficial o autónomo
que dependa, directa o indirectamente del Estado, la Provincia o el Municipio, no podrán ejercer
profesión, industria o comercio.
Artículo 219.- Para ser miembro del Tribunal de Cuantas se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento;
b) Haber cumplido treinta años de edad;
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no tener antecedentes penales;
d) Ser abogado con cinco años de ejercicio, haber sido Ministro, o Secretario, o Subsecretario de
Hacienda, Interventor General de la República, Tesorero o Jefe de Contabilidad del Ministerio
de Hacienda, Catedrático de Economía, Hacienda, Intervención y Fiscalización o de
Contabilidad en establecimiento oficial de enseñanza o poseer título de Contador Público o
Profesor Mercantil con cinco años de ejercicio. Los miembros del Tribunal de Cuentas no
podrán tener interés material, directo o indirecto, en ninguna empresa agrícola, industrial,
comercial o financiera conectada con el Estado, la Provincia o el Municipio.
Artículo 220.- El Tribunal de Cuentas nombrará interventores, funcionarios, empleados y
auxiliares, mediante prueba acreditativa de capacidad.
Artículo 221.- Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:
a) Velar por la aplicación de los Presupuestos del Estado, la Provincia y el Municipio y de los
organismos autónomos que reciban sus ingresos directa o indirectamente a través del Estado,
examinando y fiscalizando la contabilidad de todos ellos;
b) Conocer de las órdenes de adelanto del Estado para aprobar la situación de fondos con vista
del presupuesto, de manera que se cumplan las disposiciones de la Ley de Bases y que se
tramiten sin preferencias ni pretensiones;
c) Inspeccionar en general los gastos y desembolsos del Estado, la Provincia y el Municipio
tanto para la realización de obras, como para suministros y pago de personal y las subastas
hechas con ese fin. A este efecto podrá incoar expedientes para comprobar si los gastos
realizados corresponden efectivamente al servicio realizado por las instituciones oficiales bajo
su supervisión, debiendo comprobar por medio de los expedientes correspondientes para fijar el
costo promedio por unidad de obra y el valor promedio de los suministros que el Estado deba
percibir de acuerdo con el mercado. Asimismo podrá tramitar todas las denuncias que formulen
con este motivo y rendir un informe anual al Presidente de la República en relación con la forma
en que se han realizado los gastos de las instituciones bajo su fiscalización, para que éste lo
envíe con sus respectivas observaciones al Consejo de Ministros;
d) Pedir informes a todos los organismos y dependencias sujetos a su fiscalización y nombrar
delegado especial para practicar las correspondientes investigaciones cuando los datos no sean
suministrados, o cuando éstos se estimen deficientes. El Tribunal estará obligado a rendir
información detallada al Poder Ejecutivo y al Consejo de Ministros cuando sea requerido al
efecto, sobre todos los extremos concernientes a su actuación;
e) Rendir anualmente un informe con respecto al estado y administración del tesoro público, la
moneda nacional, la deuda pública y el presupuesto y su liquidación;
f) Recibir declaración bajo juramento o promesa a todo ciudadano designado para desempeñar
una función pública, antes de tomar posesión y al cesar en el cargo, acerca de los bienes de
fortuna que posea, y realizando al efecto las investigaciones que estime procedentes. La Ley
regulará y determinará la oportunidad y forma de ejercer esta función;
g) Dar cuenta a los tribunales del tanto de culpa que resulte de la inspección y fiscalización que
realice en relación con las facultades que le han sido concedidas por los incisos anteriores, y
dictar las instrucciones oportunas en los casos de infracciones en que no hubiere responsabilidad
penal, para el mejor cumplimiento de las leyes de contabilidad por todos los organismos sujetos
a su fiscalización;
h) Publicar sus informes para general conocimiento;
i) Cumplir los demás deberes que le señalan la Ley y los Reglamentos
Disposición Transitoria al Título Decimoquinto,
Sección Tercera
Única.- Los miembros del Tribunal de Cuentas designados durante el término de suspensión de
la inamovilidad de los mimos, acordada por el Consejo de Ministros y promulgada en la Gaceta
Oficial de fecha 13 de enero de 1959, podrán continuar en el desempeño de sus cargos aunque
no reúnan los requisitos de edad mínima y de tiempo mínimo de ejercicio profesional que
requiere esta Ley Fundamental
Sección Cuarta.
De la Economía Nacional
Artículo 222.- El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a
cada individuo una existencia decorosa. Será función primordial del Estado fomentar la
agricultura e industria nacionales, procurando su diversificación como fuentes de riqueza
pública y beneficio colectivo.
Artículo 223.- El dominio y posesión de bienes inmuebles y la explotación de empresas o
negocios agrícolas, industriales, comerciales, bancarios y de cualquier otra índole por
extranjeros radicados en Cuba, o que en Cuba realicen sus operaciones aunque radiquen fuera
de ella, están sujetos de un modo obligatorio a las mismas condiciones que establezca la Ley
para los nacionales, las cuales deberán responder, en todo caso, al interés económico-social de
la Nación.
Artículo 224.- El incremento del valor de las tierras y de la propiedad inmueble, que se
produzca sin esfuerzo del trabajo o del capital privado y únicamente por causa de la acción del
Estado, la Provincia o del Municipio, cederá en beneficio de éstos la parte proporcional que
determine la Ley.
Artículo 225.- Serán nulas las estipulaciones de los contratos de arrendamiento, colonato o
aparcería de fincas rústicas que impongan la renuncia de derechos reconocidos en la Ley
Fundamental o en la Ley, y también cualesquiera otros pactos que ésta o los Tribunales declaren
abusivos. Al regular dichos contratos se establecerán las normas adecuadas para tutelar las
rentas que serán flexibles, con máximos y mínimos según el destino, productividad, ubicación y
demás circunstancias del bien arrendado; para fijar el mínimo de duración de los propios
contratos según dichos elementos, y para garantizar al arrendatario, colono o aparcero, una
compensación razonable por el valor de las mejoras y bienhechurías que entregue en buen
estado y que haya realizado a sus expensas con el consentimiento expreso o tácito del dueño, o
por haberlas requerido la explotación del inmueble dado su destino. El arrendatario no tendrá
derecho a dicha compensación si el contrato termina anticipadamente por su culpa, ni tampoco
cuando rehúse la prórroga que se le ofrezca bajo las mismas condiciones vigentes al ocurrir el
vencimiento del contrato. También regulará la Ley los contratos de refacción agrícola y de
molienda de cañas, así como la entrega de otros frutos por quien los produzca, otorgando al
agricultor la debida protección.
Artículo 226.- La ley regulará la siembra y molienda de la caña por administración,
reduciéndolas al límite mínimo impuesto por la necesidad económico-social de mantener la
industria azucarera sobre la base de la división de los dos grandes factores que concurren a su
desarrollo: industriales o productores de azúcar y agricultores o colonos, productores de caña.
Artículo 227.- Serán nulas y carecerán de efecto las leyes y disposiciones creadoras de
monopolios privados, o que regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que
produzca ese resultado. La Ley cuidará especialmente de que no sean monopolizadas en interés
particular las actividades comerciales en los centros de trabajo agrícolas e industriales.
Artículo 228.- Los servicios públicos, nacionales o locales se considerarán de interés social. Por
consiguiente, tanto el Estado como la Provincia y el Municipio, en sus casos respectivos,
tendrán el derecho de supervisarlos, dictando al efecto las medidas necesarias.
Artículo 229.- No se gravará con impuesto de consumo la materia prima nacional que, sea o no
producto del agro, se destine a la manufactura o exportación. Tampoco se establecerá impuesto
de consumo sobre los productos de la industria nacional, si no pueden gravarse en igual forma
los mismos productos, sus similares o sustitutos importados del extranjero.
Artículo 230.- El Estado mantendrá la independencia de las instituciones privadas de previsión
y cooperación social que se sostienen normalmente sin el auxilio de los fondos públicos, y
contribuirá al desenvolvimiento de las mismas mediante la legislación adecuada.
Artículo 231.- La moneda y la banca estarán sometidas a la regulación y fiscalización del
Estado. El Estado mantendrá organizado por medio de entidades autónomas un sistema bancario
para el mejor desarrollo de su economía, así como el Banco Nacional, que lo será de Emisión y
Redescuento. El Estado podrá exigir que el capital del Banco Nacional sea suscrito por los
bancos existentes en el territorio nacional. Los que cumplan estos requisitos estarán
representados en el Consejo de Dirección
Título Decimosexto.
De la Reforma de la Constitución
Artículo 232.- La Ley Fundamental podrá reformarse por el Consejo de Ministros, en votación
nominal, con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes, ratificadas en igual
votación en tres sesiones sucesivas, y con la aprobación del Presidente de la República.
Artículo 233.- La reforma de la Ley Fundamental podrá ser específica, parcial o íntegra.
Disposiciones Transitorias Adicionales
Primera.- Todas las disposiciones legales y reglamentarias penales, civiles y administrativas,
promulgadas por el Alto Mando del Ejército Rebelde durante el desarrollo de la lucha armada
contra la tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958, continuarán en vigor en todo el territorio
de la Nación hasta que se instaure el Gobierno de elección popular, salvo modificación o
derogación posteriores.
Segunda.- Para su más amplio conocimiento se dispone la publicación en la Gaceta Oficial de la
República de todas las disposiciones legales y reglamentarias promulgadas en el territorio libre
por el Alto Mando del Ejército Rebelde durante el desarrollo de la lucha armada.
Tercera.- Se suspende por un término de noventa 90 días a partir de la promulgación de esta Ley
Fundamental, la aplicación de sus Artículos 27, 29, 174 y 175, respecto a aquellas personas
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Revolucionarios regulados por el régimen penal
del Alto Mando del Ejército Rebelde, así como a los miembros de las fuerzas armadas, de los
grupos represivos de la tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958, de los grupos auxiliares
organizados por ésta, de los grupos armados privadamente organizados para defender dicha
tiranía, así como de los confidentes. Tampoco serán de aplicación dichos preceptos
constitucionales a aquellas personas sujetas a investigación y detenidas por autoridades
militares, a quienes se les impute la comisión de delitos cometidos en pro de la instauración y
defensa de la tiranía y contra la economía nacional o la Hacienda Pública.
Cuarta.- Por igual término se suspende la aplicación del inciso d) del Artículo 152 y el inciso a)
del Artículo 160 de esta Ley Fundamental, en los casos en que las cuestiones de
constitucionalidad e inconstitucionalidad fueren promovidas por las personas a que se contrae la
Disposición Transitoria anterior, o mediante acción pública e interés de aquéllas.
Quinta.- Se suspenden íntegramente durante un término de 30 días hábiles posteriores a la
promulgación de esta Ley Fundamental, las disposiciones contenidas en el Título duodécimo
sobre inamovilidad del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, Abogados de Oficio, así como
Auxiliares y Subalternos y de los funcionarios y empleados electorales. La remoción de los
funcionarios que desempeñan la Cuarta y Quinta Categorías del Poder Judicial y de los
Auxiliares y Subalternos del Tribunal Supremo, la realizará la Sala de Gobierno Especial del
mismo, conjuntamente con el Presidente de la República procediendo a designar libremente los
sustitutos correspondientes. La organización en las demás categorías se confiere a la Sala de
Gobierno Especial del Tribunal Supremo, la que en el plazo señalado, podrá remover libremente
a todos los funcionarios del Poder Judicial de la República, desde la Sexta a la última categoría,
pero las designaciones para cubrir las vacantes las realizará de acuerdo y por los turnos
señalados en esta Ley Fundamental. La Sala de Gobierno Especial del Tribunal Supremo podrá
remover y designar libremente durante el citado plazo, a los Auxiliares y Subalternos de las
Audiencias y Juzgados de la República. Al Tribunal Superior Electoral corresponderá remover y
designar libremente, durante el propio plazo a los funcionarios y empleados electorales. A partir
de la promulgación de esta Ley Fundamental y hasta que esté terminada la reorganización del
Poder Judicial y de los Organismos Electorales, que se regula en la presente Disposición
Transitoria, no podrá promoverse, tramitarse ni concederse jubilación judicial alguna, salvo
autorización expresa del Poder Ejecutivo. Esta Ley Fundamental comenzará a regir a partir de
su publicación en la Gaceta oficial de la República. Por Tanto: Mando que se cumpla y ejecute
la presente Ley en todas sus partes.
Dada en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, a 7 de febrero de 1959.

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Raul promete mas ejecuciones:
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